Chronoexprés, filial de paquetería del grupo Correos, va a empezar a utilizar la red pública del operador postal para competir contra el sector privado. La compañía ha anunciado que se trata, inicialmente, de una prueba piloto que afectará a 18 oficinas de Madrid capital y otras cuatro más repartidas por la región. La noticia ha sido recibida con estupor en el sector privado, donde se califica como “una salvajada más”, que se viene a sumar al sinfín de acusaciones de competencia desleal que jalonan el caminar de la filial de Correos.
Desde el sector se considera que “si el acceso a la red pública por parte de Chronoexprés es transparente, también debería ser no discriminatorio, es decir, que el resto de compañías paqueteras, en este caso de capital privado, puedan acceder en las mismas condiciones que lo hace la filial de Correos”.
Las mismas fuentes señalan en este sentido que “es preciso que se hagan públicas las condiciones que se le aplicarán a Chronoexprés para poder comercializar sus servicios en las oficinas de Correos, para que las paqueteras privadas puedan también solicitar que se les dé acceso a la red pública cumpliendo los mismos requisitos”.
Es más, desde el sector se entiende que se podría producir la paradoja de que “alguna paquetera podría plantearse no tener oficinas, porque con la red pública de Correos podría resultarle suficiente”.
De todos modos, la medida chirría en exceso al sector privado, que duda de la transparencia del proceso y barrunta que pueda tratarse de una nueva operación de vinculación de precios y servicios, algo estrictamente prohibido por la legislación en materia postal.
Chronoexprés, que recibió la friolera de 180 millones de euros del Estado entre los años 2002 y 2007 para sanear su acentuado déficit, continúa utilizando sin ningún rubor las ventajas que le proporciona su condición de filial del operador postal público.
Así, la mencionada prueba piloto está destinada a la comercialización en las oficinas postales de dos de los servicios de paquetería de Chronoexprés para dar paso, posteriormente, a su implantación en todas las capitales de provincia y en otras 500 poblaciones más en un plazo máximo de tres meses.
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