El objetivo de los ‘ecobonos’ es claro y necesario, pero para que funcionen, es imprescindible que el dinero llegue a las empresas que utilizan los servicios subvencionables.
Los ‘ecoincentivos’ marítimos debían consolidar un programa destinado a impulsar que los camiones se suban al barco y avanzar en la transición energética. Sin embargo, la resolución definitiva de la segunda convocatoria ha mostrado un problema mayor: la gestión administrativa del programa hace aguas.
La propuesta provisional de Transportes asignaba 1,7 millones de euros a un total de 15 empresas. Tras las alegaciones presentadas por varias empresas, la lista definitiva incluye 25 operadores y un importe que asciende hasta 5,9 millones. No se trata de un mero ajuste: hablamos de una diferencia de más de cuatro millones y diez empresas adicionales que, según la primera valoración, no cumplían los requisitos. Una desviación así no es una anécdota del proceso; es un síntoma claro de que algo no se ha hecho bien. ¿Cómo puede haber un desfase tan grande ¿Qué falló en la primera criba? ¿Qué controles se aplicaron -o, más bien, no se aplicaron- para revisar ficheros de embarque y comprobar la documentación? ¿Quién revisó las solicitudes para que diez empresas quedaran fuera… y luego dentro?
El sector lleva tiempo advirtiendo las dificultades para acceder a las ayudas. Pero lo ocurrido va mucho más allá de la complejidad técnica: es un error de gran calado que afecta a la credibilidad. Y lo más preocupante es la sombra que deja: este desajuste no prueba que otras convocatorias -del mismo programa o de los ‘ecoincentivos’ ferroviarios- estén mal gestionadas, pero sí siembra una duda legítima. Cuando un sistema produce diferencias tan abultadas entre dos resoluciones de la misma convocatoria, es inevitable preguntarse si los controles se están aplicando con la precisión y el rigor que exige una ayuda pública de esta naturaleza.
El objetivo de los ‘ecoincentivos’ es claro y necesario. Pero para que funcionen, es imprescindible que el dinero llegue a las empresas que utilizan los servicios subvencionables. Y para eso, el sistema debe ser sólido, transparente y menos farrogoso. Lo ocurrido exige una revisión urgente. No basta con corregir la lista: hay que corregir el procedimiento. Porque cuando un ‘ecoincentivo’ pretende impulsar la intermodalidad… y lo único que impulsa es la desconfianza, el problema ya no es técnico. Es estructural.
© 2025, todos los derechos reservados.