Todas las leyes de puertos de la democracia han sufrido la inconstitucionalidad y la ilegalidad de varios de sus artículos. Las tarifas y tasas portuarias han sido un ejemplo. Con la llegada de la Ley del PP le tocó el turno a los servicios portuarios, con el recurso presentado por el PSOE y del que aún nada se sabe.
Ahora, después de que Trabajo haya hecho caso a Fomento, el IV Acuerdo Marco de Estiba de Anesco y Coordinadora también irá al juzgado, a la sala de lo social de la Audiencia Nacional. El día señalado es el 22 de enero de 2009.
Es ya la única solución para dar carpetazo a una guerra abierta entre administración, patronal y sindicato mayoritario. Una batalla iniciada hace tres años, tras el pacto previo de El Escorial de mayo de 2005 y la posterior salida de Puertos del Estado de la negociación del IV Acuerdo, dejando en soledad a Anesco y Coordinadora para firmar el convenio el 26 de julio de 2007.
Cuatro días después, Puertos del Estado enviaba a Trabajo alegaciones contra el mismo por considerarlo ilegal. Y así hasta 2008, en el que se intentó un acercamiento, tras convertirse Anesco en representante de las APIEs, pero ni por éstas.
Extender la exclusividad a las tareas complementarias es parte de la causa, pero en el fondo, el problema es el modelo. En 1986 Fomento montó el ámbito de exclusividad de la estiba y se quedó su control.
Anesco podría haber denunciado aquel decreto por monopolio. Pasaron los años y las APIEs fueron ideadas para demoler parte del arcaico modelo. El segundo paso, que este Gobierno se niega a dar, es dejar de tipificar la estiba y permitir la libertad de contratación. La estiba hoy necesita modernización.
© 2024, todos los derechos reservados.