La acusación del puerto de Barcelona contra la anterior Junta Directiva de Transcont es rotunda. Transcont Barcelona instauró un “estado de terror” para hacerse con el monopolio del transporte de contenedores en la dársena. El escrito, que pide 50 años de cárcel para siete acusados, explica con todo lujo de detalles las maneras utilizadas por la ex cúpula de Transcont Barcelona para que sólo operasen en el puerto los transportistas que cedieron al chantaje.
Las declaraciones de los profesionales que fueron víctimas del chantaje dan buena cuenta de la prepotencia e impunidad que alcanzaron los imputados: “Si no pagas los 6.000 euros, ya sabes a quien puedes denunciar si te encuentras el camión quemado”, amenazaban chulescos.
Estas prácticas mafiosas, que el sector sufre desde hace años, no son exclusivas de Barcelona. Lo mismo vale para Valencia, donde la extorsión y la quema de camiones están a la orden del día, y para Bilbao, que fue el inventor de la cosa.
La diferencia es que la causa de Barcelona, donde la implicación de la Autoridad Portuaria para acabar con esta lacra está fuera de toda duda, es la más avanzada. El Juzgado ya ha terminado la instrucción y se está a la espera de apertura de juicio en la Audiencia Provincial.
Por el contrario, la causa de Bilbao contra Sintrabi, abierta a bombo y platillo hace casi dos años, continúa en la Audiencia Nacional. Y la de Valencia contra Transcont lleva tres años y medio de instrucción en un juzgado.
Es de esperar que la demora en Valencia y Bilbao esté motivada por una extrema diligencia en las instrucciones y no por el colapso del que viene haciendo gala nuestro sistema judicial.
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