El estudio elaborado por el Ministerio Transportes sobre el impacto de la fiscalidad no satisface a un sector que atraviesa una coyuntura complicada.
El sector del transporte de mercancías por carretera asume una serie de gastos que dominan su estructura de costes: la carga fiscal (impositiva y de costes sociales) y el precio del combustible, imprescindible para el funcionamiento de las empresas.
Históricamente, se ha reclamado a las autoridades un esfuerzo para reducir su cuantía, ya que agrava el esfuerzo empresarial condicionado por factores como el ser un país periférico, la atomización empresarial o la competencia con las grandes flotas en una Europa con el cabotaje liberalizado, entre otros
Para analizar la situación del sector, actualizar datos y estudiar la carga y el impacto de estos factores en las empresas, el entonces Ministerio del Fomento encargó a la empresa de ingeniería Teirlog, el estudio “La fiscalidad del Transporte por Carretera y su repercusión en la Productividad Empresarial y Nacional”.
Aunque llevado a cabo el pasado año, la situación de emergencia por la que pasa el sector y la sociedad ahora mismo, lo pone de actualidad, al preverse una recuperación en condiciones económicas duras y sin desaparecer las posibilidades de un endurecimiento fiscal.
Algunos representantes del sector del transporte por carretera analizaron en exclusiva para TRANSPORTE XXI las condiciones económicas en las que se desarrolla la actividad.
Ramón Valdivia, director general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), señaló que “en carga social, por conductor de pesado, estamos a niveles de los más altos de Europa, que es Francia. Y en la Seguridad Social yo creo que estamos pagando lo mismo que ellos”. Además, Valdivia añade que “al sector se le ve como una vaca lechera para extraer, porque como no hay más remedio que usarlo, siempre funcionará”.
Por otra parte, el estudio analiza la fiscalidad que grava los combustibles en España y el resto de la UE y, en ambos casos, se concluye que en nuestro país es inferior a la de la mayoría de los países de nuestro entorno, situándose en la parte baja del listado comparativo, tanto antes de impuestos, como en precio final.
Para Julio Villaescusa, presidente de Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer), “en el caso de las cotizaciones por personal, creo que estamos dentro de la normalidad, en comparación con cualquier otro tipo de trabajo. Pero en el caso de los autónomos hay un problema que se llama conciliación”. Villaescusa indicó a este periódico que “los autónomos siguen siendo el patito feo, que aportan a la sociedad como los demás y soportan condiciones de trabajo especiales”.
Por su parte, Ovidio de la Roza, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), recordó que “antes de que estallara la crisis del coronavirus, habíamos escrito al Gobierno por el anuncio de posibles nuevos impuestos al transporte. No estamos dispuestos a asumir una subida de la fiscalidad, porque hoy ya es alta, porque pagamos 10.000 o 12.000 millones de euros anuales, solo en gasóleo y porque pagamos sobradamente la llamada fiscalidad externa”.
Para el presidente de la patronal UNO, Francisco Aranda, queda mucho por mejorar en la fiscalidad del transporte; “los modelos que se han visto que funcionan son los que tienen una presión fiscal baja, como ocurre en algunas comunidades autónomas; con ello se fomenta la actividad económica”.
Época de ERTEs
Por otra parte, el sector de la logística y el transporte está sufriendo muy directamente los efectos de la pandemia, con paralizaciones de flotas o, en el mejor de los casos, con paralizaciones parciales de la actividad. Los empresarios quieren asegurarse la posibilidad de aplicar formas ágiles de regulaciones de empleo temporal, acogiéndose a una situación especial como la que estamos atravesando y sin que les afecte a sus cuentas. “Queremos seguridad jurídica ante los ERTEs de fuerza mayor. A cambio, ofrecemos el compromiso de mantener el empleo. Si no hay seguridad, acabas por reajustar tus costes laborales, lo que significa reducir el empleo”, señaló el presidente de UNO, Francisco Aranda.
Por su parte, Ovidio de la Roza, presidente de la CETM, puntualizó que “los ERTEs deben ser sólo por causa de fuerza mayor; pero en las empresas medianas que nosotros representamos, es muy difícil justificar económicamente un ERTE porque no toda la empresa debe verse implicada. El asunto es difícil, porque algunas empresas tienen la actividad diversificada en distintas áreas de trabajo. Esto puede significar un ERTE para el 20 por ciento de la plantilla o, peor aún, quedarse con el 20 por ciento que funcione”.
“Todas la empresas pueden acogerse a ERTEs en ciertas circunstancias”, añade Aranda, “pero nosotros pedimos que no nos generen más inseguridades, que permitan a nuestras empresas acogerse a ERTEs bajo la circunstancia de Estado de Alarma. Eso significa que no tienes que acogerte a las cotizaciones sociales, si te ahorras eso puedes mantener más empleo”.
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