La mejor política energética será la que permita disponer cuanto antes de alternativas competitivas y suficientemente desarrolladas para reducir esa exposición.
Basta una nueva crisis internacional para que el gasóleo vuelva a ocupar el centro del transporte por carretera. En realidad, pese a la normativa que obliga a reflejar las subidas del combustible en los contratos, nunca se fue. Después de años hablando de descarbonización, electrificación, combustibles renovables… el petróleo sigue condicionando buena parte de la cuenta de resultados de las empresas. Y cuando su precio se dispara, más de un 40 por ciento desde el inicio del conflicto de Irán, la vulnerabilidad de las empresas queda al descubierto.
La prórroga de las ayudas hasta final de año ofrece oxígeno. Y la indexación del precio del carburante en el transporte permite trasladar parte del incremento al cliente. Son mecanismos necesarios ante una situación excepcional, pero ninguno resuelve el problema de fondo. Porque una cosa es protegerse frente al precio del gasóleo y otra muy distinta dejar de depender de él.
Europa ha fijado objetivos cada vez más ambiciosos para reducir las emisiones del transporte, pero las alternativas todavía no están disponibles a gran escala con las condiciones de coste, autonomía, infraestructura y operatividad que necesita buena parte del sector.
No se trata, por tanto, de defender el gasóleo ni de prolongar artificialmente su utilización. Se trata de reconocer la realidad para poder cambiarla. La transición tampoco puede consistir en anunciar el final del petróleo mientras la economía real continúa dependiendo de él. Cada nueva crisis energética vuelve a recordarlo. Ocurrió en la pandemia, volvió a suceder tras la invasión de Ucrania y ahora la inestabilidad geopolítica vuelve a trasladarse al surtidor. Mientras el transporte dependa de una fuente energética sometida a semejante volatilidad, cualquier perturbación tendrá capacidad para poner contra las cuerdas a empresas que trabajan con márgenes muy estrechos.
La mejor política energética será, por tanto, la que permita disponer cuanto antes de alternativas competitivas y suficientemente desarrolladas para reducir esa exposición. Las ayudas pueden amortiguar una crisis. La indexación puede repartir mejor sus consecuencias. Pero ninguna de las dos puede sustituir una estrategia energética capaz de reducir la vulnerabilidad del transporte por carretera.
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