El verdadero desafío no consiste únicamente en decidir qué tecnología utilizará el transporte del futuro.
La guerra en Oriente Medio ha vuelto a recordar que la energía sigue siendo una cuestión estratégica para Europa. Cada episodio de inestabilidad geopolítica acaba reflejándose en los mercados energéticos, en los costes del transporte y, finalmente, en el bolsillo de los consumidores. Por eso, la descarbonización ya no puede entenderse solo como una política climática. Es también una política industrial, económica y de seguridad.
El debate se ha centrado en los vehículos: electrificación, hidrógeno, gases renovables o combustibles sintéticos. Es una discusión necesaria, pero incompleta. El verdadero desafío no consiste únicamente en decidir qué tecnología utilizará el transporte del futuro. La cuestión clave es quién producirá la energía que lo moverá. La transición energética no se construye solo con camiones, barcos o aviones más eficientes. Se construye con infraestructuras, capacidad industrial, redes de suministro y una planificación que garantice energía suficiente, competitiva y disponible.
El Observatorio para la Descarbonización del Transporte de Gasnam y PwC apunta precisamente en esa dirección: una solución multitecnológica basada en nuevas cadenas de suministro energético. Según sus estimaciones, España necesitará 278 plantas de biometano y entre 7 y 12 GW de capacidad de electrólisis en 2040 para que el transporte alcance los objetivos climáticos. La cifra puede parecer ambiciosa, pero lo verdaderamente ambicioso es pensar que esos objetivos pueden alcanzarse con una única solución. La diversidad del transporte exige diversidad energética. No tiene las mismas necesidades un camión de larga distancia, un buque, un avión o una furgoneta de reparto urbano. Pretender resolver todos los desafíos con una sola respuesta tecnológica sería tan ineficiente como irreal.
Y aquí, España dispone de una oportunidad. Pocos países europeos cuentan con un potencial comparable para producir biometano, desarrollar hidrógeno renovable y aprovechar recursos energéticos autóctonos capaces de reducir la dependencia exterior.
Convertir esa ventaja en una realidad exigirá inversiones, seguridad regulatoria y una Administración capaz de acelerar proyectos que hoy siguen atrapados en largos y tediosos procesos burocráticos.
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