Nuevo parche efectista

Miguel A. Martín. Consultor Logístico

“Otra” patada adelante para salvar la situación hasta que de nuevo se altere el sector

Por fin ha visto la luz la normativa con la que se pretende satisfacer las demandas de los transportistas en la línea de evitar la prestación de su servicio por debajo del coste. En el Real Decreto-ley 14/2022 se recogen “medidas en materia de sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera” y es fruto de la negociación entre el Ministerio de Transportes y el Comité Nacional, sin contar con la otra parte implicada, que son los cargadores.

De nuevo se pretende encontrar soluciones a una problemática interna de un sector que no acaba de entender que los problemas de cada casa se han de afrontar en casa y es muy difícil, por no decir imposible, que se pueda hacer tirando de BOE. Otra cosa que algunas asociaciones no aceptan es que, aunque no les guste, estamos en una economía de libre mercado y hay ciertas reglas que no se pueden saltar. Entre ellas está la libertad de precios. Por ello, incluso este Gobierno ha dejado muy claro lo que ya estaba así recogido con anterioridad, por mucho que algunas de esas asociaciones tampoco lo quieran incorporar a su discurso, en el sentido de que en ningún caso se trata de intervenir en los precios estableciendo un mínimo para estos.

Este RDL es tal despropósito que muy probablemente se van a encontrar tal cantidad de dificultades en su aplicación que será necesaria, una vez más, una readaptación. Me resulta difícil entender que los firmantes del acuerdo no sean conscientes de esas dificultades y, por ello, creo que tan solo se trata de “otra” patada adelante para salvar la situación hasta que de nuevo se altere el sector, lo que no cabe ninguna duda se producirá. Probablemente más pronto que tarde, siempre dependiendo de la situación económica en que se encuentren los transportistas. Voy a argumentar, aunque sea de forma muy resumida, por qué no deja de ser un nuevo parche efectista más que efectivo.

Es el transportista el que ha de justificar “su” nivel de costes, pero siempre será el contratante, sea la figura que sea, quién decidirá si estos son asumibles o no si encuentra oferta más competitiva en el mercado y, por tanto, quedarán fuera precisamente aquellos que hoy dicen trabajar a pérdida. Es de suponer que en esa estructura de costes quede reflejada lo que no deja de ser una subvención al sector como es la tributación por módulos, aunque no esté reflejada como tal en el observatorio de costes.

No se recoge en la norma a qué periodo se ha de referir el coste del transportista, ya sea anual, trimestral, mensual o para cada servicio, debiendo en este caso calcularse permanentemente. El coste en el transporte es tan complejo que, por ejemplo, los kilómetros en vacío, ya sea un retorno a origen o a un punto de carga alternativo, pueden resultar definitivos para determinar la idoneidad de un servicio a un precio por debajo de lo que pudiera considerarse habitual para el prestatario. Si los costes se referirán a un período de tiempo, ¿se deberá tener en cuenta el coste/km del período independientemente de las particularidades de ese servicio en concreto?

Tampoco se conoce quién auditará esos costes. Cabe suponer que el transportista dice verdad o simplemente que los ha calculado correctamente. Tampoco esto es que sea definitivo, pues la solución será siempre el no contratarle, si está fuera de mercado, aunque no creo que sea esto lo que se busque por parte de los propulsores de la norma.

Tal como está estructurado hoy el transporte, va a ser muy difícil que desde el precio a pagar por el cargador se pueda acudir a una subcontratación sucesiva mínima cubriendo los costes del transportista efectivo, una vez cubiertos los distintos márgenes de los eslabones intermedios. Es muy posible que con la aplicación de esta norma, tal como está redactada, la figura del autónomo independiente, como lo conocemos hoy, tenga los días contados y deba pasar a trabajar bajo la cobertura o bandera de los grandes operadores, que cuidarán de no caer en la utilización de la figura del autónomo dependiente. Quizás esto sí que sería una reestructuración del sector y… desde dentro. Pero tampoco creo sea esto lo que buscan las asociaciones más beligerantes en este momento.

Los que han negociado este RDL son los únicos responsables de haberse apuntado a este juego, por mucho que llegado el momento tratarán de culpabilizar, como en ellos es habitual, a los cargadores que tienen la osadía de defender sus intereses frente a un colectivo de indefensos prestatarios de servicio que no son capaces de organizarse por sí mismos. No sé si recurrir al victimismo va a ayudar a resolver la situación en que nos encontramos, lo que no me cabe ninguna duda es que sí es absolutamente necesario afrontar.