La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que avala el fallo dictado en su día por la Audiencia de Córdoba contra la empresa cargadora Cunext por “imponer precios a los transportistas por debajo de costes”, plantea numerosas incógnitas y dudas. Las opiniones son para todos los gustos. Hay quienes apuntan que la resolución judicial da un empujón al sector en su cruzada contra el ‘dumping’ y las situaciones de abuso; y están los que señalan que la decisión del Supremo no supondrá ningún cambio en las relaciones entre transportistas y cargadores.
Es decir, que “todo seguirá igual”. A estos últimos, puede que no les falte razón. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces son los propios transportistas los que realizan ofertas “salvajes”. Y, claro, a río revuelto, más si cabe con la que está cayendo, los cargadores aprovechan la coyuntura e intentan abaratar, en la medida de lo posible, los costes de su cadena de suministro, por mucho que chirríen algunos precios, irrisorios a todas luces. No es menos cierto que también hay cargadores que se valen del fuerte desequilibrio entre oferta y demanda para imponer sus condiciones a los transportistas ante la amenaza de “lo tomas o lo dejas”. ¡Pero ojo!. Ahora tendrán que andar con pies de plomo, porque con la sentencia en la mano, pese a que no genera jurisprudencia, será más fácil erradicar estas “conductas desleales”. Eso sí, la última palabra es del transportista, que deberá decidir si quiere entrar en una ‘guerra de precios’ eterna o dar un golpe en la mesa. Aunque la estructura del sector, excesivamente atomizado, no ayuda a poner la ‘casa’ en orden.
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