Sesgo

La concesión de avales, la herramienta fundamental para ayudar a las empresas, sufre retrasos inexplicables

Pocas veces se ha visto un sesgo ideológico tan acusado como el que han puesto de manifiesto los planes económicos del Gobierno en relación con la salida del enorme agujero económico en que nos ha metido la epidemia. Suponíamos que el coste que habría que pagar por la suspensión de la actividad sería alto. En la práctica va ser aún mayor.

Como siempre, nuestros datos -un paro de más del 20 por ciento derivado de una caída del PIB por encima del 10 por ciento- serán peores que la media europea, que ha previsto una caída del PIB del orden del 7 por ciento.

No existe ningún tipo de maldición bíblica que determine estos resultados, ni es el resultado de una inclinación irremediable. Es solo la consecuencia de unas prioridades libremente elegidas.

Las mismas demuestran que el Gobierno se siente más preocupado por las reacciones de los ciudadanos, y su impacto electoral, que por las consecuencias económicas, que serán, a la larga, mucho más decisivas.

Un ejemplo de ello es el hecho de que aprueba una medida tan ambiciosa y edificante como un salario mínimo o básico en un tiempo récord (para mayo) pero la concesión de avales, la herramienta fundamental para ayudar a las empresas, sufre retrasos inexplicables. Un apoyo que va a ser incomparablemente menor que el que otros países europeos van a proporcionar a sus empresas.

El Gobierno ha establecido de entrada un principio ideológico conmovedor, prohibir los despidos, lo que es como poner puertas al campo, y lo hace así porque el coste corre a cuenta de las empresas. Una liberalidad que no se pone de manifiesto cuando es el Estado el que tiene que ayudar.

Condicionado por la deuda pública acumulada, producto de su conducta irresponsable en materia fiscal, el Estado español aplica casi exclusivamente medidas sociales que no tienen nada que ver con una verdadera política económica que atienda a lo que importa realmente: conseguir que la mayor parte de las empresas que han cerrado vuelvan a abrir en próximos meses.

Con tales apoyos, muchas se quedarán en el camino y unos tres millones de empleos desaparecerán.

Antxon Pérez de Calleja

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