La primera auditoría realizada por Puertos del Estado sobre la aplicación de los fondos concedidos para financiar el pago de sentencias judiciales firmes que anulaban las liquidaciones por tarifas practicadas por las autoridades portuarias revela que Fomento ha terminado pagando un extra coste medio del 63 por ciento por el abono de los intereses de las deudas contraídas con las empresas usuarias de los servicios prestados. El bolsillo de los ciudadanos está sirviendo tanto para financiar las operaciones de estas empresas en nuestras dársenas durante años y para que las mismas logren acumular un suculento interés que ni la bolsa en su época de mayor bonanza. La legislación portuaria española en materia de tasas de 1992 fue declarada inconstitucional en 1995, anulando la liquidación de la tarifa T-3.
El problema intentó ser contrarrestrado por el Gobierno autorizando la emisión de nuevas liquidaciones de las mismas tarifas hasta 2009 cuando otra sentencia declaraba inconstitucional la refacturación y se condenaba a los puertos a pagar principal más intereses de demora. Aquí el problema. La falta de celeridad de Fomento y sus puertos por abonar las tarifas ilegalmente cobradas a cargo de sus presupuestos, dentro de lo que debería haber sido asumir el error del legislador, ha derivado en un interés desorbitado al que se ven hoy sometidos los ciudadanos por culpa de mediocres legisladores con un mal asesoramiento en materia impositiva durante años. La sangría se contuvo con la Ley de Puertos de 2003. En muchos casos han pasado hasta quince años en retornar las tarifas, engordando la devolución en 80 millones de euros. ¿Por qué no se han internalizado las pérdidas en el sistema portuario? ¿Por qué pagan los ciudadanos esta fiesta de las tarifas? ¿Es justo que el sistema portuario tenga un Ebita anual de 500 millones y suceda ésto? Y lo peor, es que el festival va a seguir. Otros 250 millones serán usurpados del erario en meses. Es un escándalo.
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