Una cuestión de Estado

El transporte sigue siendo vital, pero su presencia en el debate público vuelve a resultar desproporcionadamente pequeña.

El transporte de mercancías se encuentra a las puertas de unas nuevas elecciones generales con el serio riesgo de volver a ocupar un lugar secundario en los programas de quienes aspiran a gobernar España. Una situación difícil de entender teniendo en cuenta que se trata de una actividad de la que depende buena parte del funcionamiento de la economía. Y, sin embargo, sí, rara vez alcanza un protagonismo político equivalente a su importancia. No será por falta de declaraciones institucionales. Pocos sectores han escuchado reiteradamente que son esenciales o imprescindibles. El problema es que las palabras, por sí solas, no transportan mercancías.

Las cifras económicas tampoco dejan demasiado margen para la discusión sobre el carácter estratégico del transporte en España. El sector generó en 2024 unos ingresos de 74.000 millones de euros y un VAB de 21.000 millones, equivalente al 1,3 por ciento del PIB español, según los Libros Blancos de Transporte XXI. A ello se suma una fuerza laboral que supera los 1,3 millones de trabajadores, cerca del 6 por ciento del empleo nacional, según el INE. Son magnitudes que sitúan al sector entre los grandes motores de la economía. Y eso sin contar su efecto multiplicador sobre la industria, el comercio, la agricultura o el conjunto de los servicios.

La pandemia contribuyó a hacer visible lo que durante décadas había pasado prácticamente inadvertido. Cuando buena parte del país se detuvo, las mercancías siguieron circulando. Los camiones continuaron abasteciendo supermercados, los puertos mantuvieron abiertas las puertas del comercio exterior y las cadenas logísticas sostuvieron el suministro de productos esenciales. La sociedad descubrió entonces, o al menos recordó, que detrás de cualquier actividad cotidiana hay una compleja organización del transporte. Desde el desayuno hasta el periódico que llega cada mañana a los quioscos. Sin embargo, aquel reconocimiento parece haberse diluido con el regreso a la normalidad. El transporte sigue siendo vital, pero su presencia en el debate público vuelve a resultar desproporcionadamente pequeña. Es previsible que la campaña electoral esté dominada por la vivienda, las pensiones, la sanidad o el empleo. Cuestiones de enorme trascendencia social que merecen ocupar un lugar preferente. Nadie pretende discutirlo. Pero tampoco debería olvidarse que la competitividad de la economía, el funcionamiento de las empresas y el bienestar de los ciudadanos dependen, en buena medida, de la eficiencia de sus cadenas de suministro.
El adelanto electoral llega, además, en un momento especialmente complejo. El transporte afronta una transformación profunda, marcada por la descarbonización, la digitalización, la escasez de profesionales, la evolución de los costes y una creciente presión regulatoria. Buena parte de las nuevas exigencias procede de Bruselas y seguirá su curso. Las empresas deberán continuar adaptándose a un escenario que exige inversiones, tecnología y nuevas capacidades.

A esta incertidumbre se añade la interrupción de iniciativas que llevaban tiempo esperando una solución, como la reforma de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Tampoco sería justo presentar los últimos años como un periodo de absoluta inacción. Bajo los gobiernos de Pedro Sánchez se han aprobado medidas de gran trascendencia, largamente reclamadas por el sector. La valoración de una política pública exige reconocer tanto sus aciertos como sus carencias.
Hay, además, una sensación de orfandad institucional que viene de lejos y trasciende gobiernos y legislaturas. El transporte ha ocupado tradicionalmente un lugar secundario en las prioridades políticas, con independencia del color de quienes han asumido las responsabilidades de gobierno.

España dispone de una posición geográfica privilegiada, un potente sistema portuario, importantes infraestructuras de transporte y un tejido empresarial con experiencia internacional. Pero ninguna de esas ventajas garantiza por sí sola el futuro; requieren políticas sostenidas en el tiempo. Por eso, lo verdaderamente importante no es que los partidos dediquen unas líneas al transporte en sus programas electorales. Ni siquiera que vuelvan a proclamar su carácter estratégico. Lo relevante es conocer qué compromisos concretos están dispuestos a asumir, con qué prioridades y recursos. El próximo Gobierno, sea cual sea su composición, heredará problemas que no entienden de legislaturas. Afrontarlos exige continuidad, planificación y una política de transportes que no dependa exclusivamente de las urgencias del momento. Una cuestión de Estado, en definitiva, que debería situarse por encima de los intereses electorales.

Las mercancías no votan. Pero detrás de ellas hay más de un millón de trabajadores, miles de empresas y una parte fundamental de la economía española. Conviene que quienes aspiran a gobernar lo tengan presente antes de acudir a las urnas. Y, especialmente, después. Porque no se necesita que los políticos se acuerden del transporte únicamente durante una campaña electoral. Necesita que no vuelvan a olvidarlo cuando termine.