Viudes en Cartagena, más de lo mismo

El informe del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza la gestión del presidente del puerto de Cartagena entre 2002-07, es un ejemplo palmario de que Viudes no tiene entre sus prioridades el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia e interés público en la adjudicación de las obras y servicios, a los que está obligado por ley en función del cargo que asegura ostentar de manera tan honorable. Es díficil explicar cómo Viudes adjudicó un contrato de obras por valor de 10,5 millones sirviéndose del procedimiento negociado sin publicidad, es decir, eligió a los candidatos y negocio las condiciones del contrato con los mismos, para adjudicárselo finalmente a uno de ellos. El procedimiento legal a seguir en un contrato de esta cuantía, según los expertos legales consultados, era el de concurrencia pública, donde no se negocia las condiciones con los licitadores, y con publicidad. Destaca, no obstante, la tibieza con que el Tribunal de Cuentas trata este actuación de Viudes en su informe de fiscalización, que bien hubiese merecido articular una pieza separada para remitir a los tribunales ordinarios. Además, la relación de Viudes con los contratistas de obras se acerca más a la que tiene un padre con su hijo, que a la de un gestor sabedor de que está para vigilar y exigir que las obras se cumplan en tiempo y forma, sobre todo cuando se dispara con pólvora del Rey (150 millones de inversión en el período citado). Sólo así se explica que Viudes permitiera retrasos y más retrasos a los adjudicatarios de algunas obras en la entrega de las mismas, corriendo la entidad pública con los costes económicos derivados de estas demoras. El Gobierno de Rajoy tiene que hacérselo mirar en el caso de Viudes, porque llueve sobre mojado y continúa gestionando como el que tiene una finca de su propiedad donde hace lo que le viene en gana. ¿Qué deudas tienen con Viudes los Gobiernos central y autonómico para no cesarle y mirar siempre hacia otro lado? Esa es la incógnita.