Invertir en conservación no es un lujo ni un capricho de las constructoras o de los transportistas: es la garantía de seguridad vial, de eficiencia logística y de cohesión territorial.
España deja una fotografía preocupante: las carreteras acumulan un déficit de inversión para su mantenimiento que asciende a 13.000 millones de euros, según la Asociación Española de la Carretera. No es un problema menor ni sectorial: la red viaria es la columna vertebral de la logística, el soporte físico por el que circula más del 90 por ciento de las mercancías en nuestro país. Si se deja a su suerte, se compromete la competitividad de toda la economía.
Frente a este panorama, la cantinela de los políticos de turno siempre es la misma: abrir el melón de la tarificación por uso. Es la receta fácil, la que permite un titular rápido y desplaza el debate hacia quién debe pagar la factura. Pero lo que se olvida, o se prefiere ocultar, es que el dinero ya existe. El Estado recauda cada año más de 10.000 millones de euros solo a través del Impuesto de Hidrocarburos, y más de 22.000 millones por el conjunto de Impuestos Especiales. Lo mínimo exigible es que una parte sustancial de esa recaudación se destine, de manera estable, a mantener la red de carreteras en condiciones. El transporte de mercancías ya paga, y mucho. Pretender que sean los camiones quienes carguen con el coste de nuevos peajes es una doble penalización que no resiste análisis. Más aún cuando la UE está imponiendo nuevas cargas económicas a través del mercado de derechos de emisiones (ETS), que encarecerán inevitablemente la actividad. Añadir peajes indiscriminados sería terminar de asfixiar a un sector esencial.
La paradoja es sangrante: mientras se multiplican los cantos de sirena a favor de la Euroviñeta, las administraciones han dejado que la inversión en conservación caiga en picado. Y lo que no se gasta en mantenimiento, se paga después multiplicado en accidentes, averías, retrasos y pérdida de competitividad. Ninguna economía sólida se construye sobre infraestructuras en mal estado. Es el momento de recuperar la sensatez. Invertir en conservación no es un lujo ni un capricho de las constructoras o de los transportistas: es la garantía de seguridad vial, de eficiencia logística y de cohesión territorial. La obligación política es cuidar esas infraestructuras. Y si un día llega el peaje, que sea equitativo, transparente y nunca a costa, otra vez, del transporte de mercancías.
© 2025, todos los derechos reservados.