La revisión obligatoria de precios del transporte en función de la evolución del precio del combustible, que ya está en vigor, da estabilidad al sector, según coinciden Administración, cargadores y transportistas.

La relación entre transportistas y sus clientes es más transparente y con menor riesgo de tensiones con la entrada en vigor de la cláusula obligatoria de revisión del precio del transporte en función de la evolución del coste del combustible, según coincidieron en señalar representantes de cargadores, transportistas y Administración, en una jornada celebrada durante el SIL. [caption id="attachment_135773" align="alignleft" width="600"] Josep Maria Fortuny (moderador), Jaime Moreno, Carmelo González y Jordi Espín.[/caption] Una puntualización, esta jornada se celebró antes de que Plataforma hiciera un llamamiento a volver al paro a partir del 30 de junio. A diferencia de otras medidas, que todavía no han entrado en vigor, como la prohibición de la carga y descarga por parte del conductor, la cláusula de revisión del precio por el gasóleo está vigente desde la publicación en marzo del Real Decreto que recoge las actuaciones acordadas entre el Ministerio de Transportes y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) el 17 de diciembre. La revisión obligatoria de precios  “es un elemento estructural que tenía todo el sentido del mundo”, señaló Jaime Moreno, director general de Transporte Terrestre. Se trata de una medida que “da estabilidad al sector”, aseguró. Coincidió Carmelo González, presidente del Comité Nacional, “evidentemente es un punto estructural de futuro, más si pensamos en dignificar al sector”. Y la medida, “evidentemente evitará conflictos”, añadió. “Es muy importante desde el punto de vista de los cargadores porque es un estándar y necesitamos estándares que añaden transparencia”, señaló Jordi Espín, secretario general de Transprime. Espín aprovechó el foro para reiterar la queja por la exclusión de las asociaciones de empresas cargadoras de las negociaciones que alumbraron los acuerdos del pasado mes de diciembre. Es más, teniendo en cuenta las medidas que quedan por desarrollar del Real Decreto, “sentémonos a negociar, ya que el cargador es parte de la solución”, añadió el secretario general de Transprime. Entre las medidas pendientes, una de las que más va a costar digerir a los transportistas, según reconoció Carmelo González, es la implantación de las 44 toneladas, a las que tradicionalmente se ha opuesto frontalmente el sector. “Las 44 toneladas vendrán tarde o temprano”. Ante lo inevitable, “Europa tiene que regular”, pidió el presidente del Comité. En las medidas que quedan por desarrollar, como los pesos y dimensiones o el código de buenas prácticas, el objetivo es, a la hora de regular, “definir pocas variables y que sean fácilmente medibles”, señaló el representante del Ministerio de Transportes.