El endurecimiento de las condiciones de su ejercicio podría conllevar la desaparición de más 500 empresas y la pérdida de hasta 10.200 empleos, según un estudio de la multinacional de servicios profesionales EY presentado por el CGAA.

El Consejo General de Agentes de Aduanas (CGAA) ha advertido sobre la posible pérdida de una tercera parte del sector, con la desaparición de más de 500 empresas y hasta 10.200 empleos en España para 2025. Estos datos forman parte del estudio realizado por la multinacional de servicios profesionales EY, sobre las consecuencias del endurecimiento de las condiciones de ejercicio de la representación aduanera contemplado en el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. [caption id="attachment_90744" align="alignleft" width="600"] Antonio Llobet, presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas (CGAA).[/caption] El estudio encargado por el Consejo General de Agentes de Aduanas, que preside Antonio Llobet, asegura que la actual iniciativa legislativa “supondría el desplazamiento de la actividad a otros países de la Unión Europea y la concentración del sector, poniendo en peligro la viabilidad de la profesión de los agentes de aduanas". En su opinión, "estas consecuencias impactan sobre la capacidad del sector exterior de actuar como palanca de la recuperación económica, en un momento especialmente crítico como el actual”. El Proyecto de Ley prevé que los agentes y representantes aduaneros deban responder  como responsables subsidiarios, sobre el IVA a la importación (y otros impuestos asociados) mediante unas garantías financieras por el plazo de cuatro años desde el despacho de las mercancías, "que resultan especialmente gravosas para la actividad de los agentes de aduanas", según incide el CGAA. El informe elaborado por EY asegura que con “el régimen de responsabilidad que pretende introducirse a través del Proyecto de Ley, España pasaría a ser uno de los miembros más rigurosos de la UE”. De esta manera, España saldría del grupo de países que aplican un nivel de restricción medio, en el que también se encuentran los que tienen un mayor volumen de comercio exterior como Alemania, Países Bajos, Italia y Francia, y se equipararía con estados poco competitivos en el mercado internacional, como son Estonia, República Checa, Letonia o Polonia. El estudio de EY también advierte de que una vez que se establezca el llamado Despacho Centralizado Europeo, que permitirá gestionar desde Hamburgo o Róterdam mercancías que ha llegado a Algeciras o Valencia, “parece previsible que haya operadores que centralicen sus actividades desde sedes en Países Bajos, Bélgica o Alemania, y que con ello eludan la aplicación del régimen de responsabilidad más riguroso que pueda estar vigente en España”. Las consecuencias, asegura Llobet, “recaerán sobre el empleo en un sector que se enfrentaría a un duro ajuste debido al número de despachos aduaneros que podrían optar por operar desde otros países de la UE”. Por otra parte, el documento de EY también apunta que el ejercicio de una gran presión regulatoria sobre el sector aduanero podría terminar generando una concentración de mercado. En este escenario, el informe contempla que “las compañías multinacionales se beneficiarán de disponer del músculo financiero suficiente para hacer frente a la elevada onerosidad que exige el Proyecto de Ley, y dado que también ofrecen servicios de representación aduanera, coparán la logística ligada a la exportación e importación de mercancías”. El Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal terminó el pasado 23 de diciembre su fase de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Una treintena de iniciativas, de las cuales una decena han sido elaboradas por el CGAA, tratan de subsanar los desequilibrios contenidos en el texto originalmente remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes Generales, y que contempla estar aprobado para el próximo mes de mayo. Feteia-Oltra también se puso a disposición del Gobierno y de los Grupos Parlamentarios para "conseguir una redacción final de dicha normativa que no solo no ponga en peligro el funcionamiento de la cadena logística de nuestro país, sino que sirva para darle más robustez, especialmente ahora en estos momentos de crisis sanitaria”.