El informe de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) sobre la ampliación del puerto de Gijón admite que se cometieron irregularidades en su proceso. Los investigadores apuntan a que hay indicios de delito, e incluso fraude, que afecta a los intereses económicos de la UE. Hablan claramente de “malversación de fondos”.
El informe sostiene que la obra de la dársena fue un ‘coladero’. Pese a que la Autoridad Portuaria y las constructoras niegan la mayor, el informe relata la existencia de graves deficiencias en los sistemas de gestión y control.
A día de hoy, según la OLAF, “es imposible determinar la cantidad de materiales empleados en las obras”. No había un control exhaustivo a la entrada de la obra. ¿Cuántos camiones con piedras se lanzaron al mar? El informe destaca que a los investigadores les fueron denegados documentos contables por parte de las constructoras y observan “connivencia” entre la Autoridad Portuaria y la UTE Dique Torres, encargada de la construcción de la ampliación asturiana.
Hoy queda aún mucho por investigar y por saber. Es de esperar que el informe que prepara el Tribunal de Cuentas sobre las obras del puerto de Gijón aporte mayor claridad. La Fiscalía debe actuar.
Pero Fomento no puede quedarse paralizado, al margen del caso. Debe dar ejemplo. No sólo debe abrir una investigación. Hay que levantar las alfombras y realizar una auditoría independiente de todas las obras portuarias hechas en España en los últimos años.
Otros puertos españoles ya fueron noticia por casos similares tras una denuncia de la Fiscalía por miles de toneladas de piedra que no existieron. La transparencia es el camino.
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