Un firme deteriorado significa mayor consumo, averías, retrasos, menor productividad y también menor seguridad.
España construyó durante décadas una de las redes viarias más extensas de Europa. Ahora tiene por delante un reto menos vistoso, pero no menos importante: conservarla. Y los números indican que no se está haciendo bien.
El déficit acumulado de conservación supera ya los 13.000 millones de euros, según cálculos de la AEC. Y las necesidades para la próxima década se estiman en más de 58.000 millones, según Seopan.
Conservar infraestructuras tiene un inconveniente político: apenas se nota. Una carretera bien mantenida no se inaugura. No hay primeras piedras ni cintas que cortar. Simplemente funciona. Pero confundir esa falta de visibilidad con falta de rentabilidad constituye un grave error. Cada euro que se aplaza en mantenimiento puede terminar convertido mañana en una reparación más costosa.
Y entretanto alguien paga la factura. Un firme deteriorado significa mayor consumo, averías, retrasos, menor productividad y también menor seguridad. Para el transporte de mercancías son costes operativos directos. Para el resto de la economía, costes que terminan recorriendo la cadena de suministro. Si la carretera continúa siendo la principal vía de abastecimiento, su conservación también forma parte de la política de competitividad del país.
Cada vez que aflora el déficit reaparece, además, una vieja receta: el pago por uso y, casi inevitablemente, los peajes al transporte pesado. Seopan lleva años defendiendo fórmulas que garanticen recursos estables para las infraestructuras. El debate es legítimo, pero no hay que olvidar que el transporte por carretera soporta ya una carga fiscal de 21.000 millones al año. Antes de preguntar cuánto más deben pagar sus usuarios, convendría explicar por qué semejante aportación convive con un déficit de conservación de 13.000 millones. Tampoco ayuda que el plan de más de 1.000 millones anunciado por Transportes haya quedado suspendido por un conflicto sobre los pliegos de contratación. Los expedientes pueden esperar. El asfalto no.
Dejar deteriorar el patrimonio construido durante décadas es trasladar una factura mayor al futuro mientras transportistas, empresas y ciudadanos comienzan a pagarla en el presente. Conservar cuesta. No conservar, mucho más.
