No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige”. La cita del filósofo alemán Arthur Schopenhauer viene como anillo al dedo para ilustrar lo que está ocurriendo con la política de transporte por carretera trazada por el Gobierno, que sigue navegando sin rumbo fijo.
Y no es un problema achacable sólo al nuevo equipo de la ministra de Fomento, Ana Pastor, sino que viene de lejos. A las sucesivas administraciones se les ha llenado siempre la boca con el discurso del impulso de la concentración empresarial.
Sin embargo, a la hora de la verdad han legislado a la contra, amparando la diversidad de empresas y la atomización. Nada nuevo bajo el sol, aunque ahora es más preocupante, porque la ministra de Fomento ha perdido una oportunidad única con la reciente modificación de la LOTT para dar pasos en la misma dirección que predica.
Es decir, sentar las bases para ir a un modelo de empresas más grandes, similar al del resto de Europa, si de verdad quiere que España sea el nodo logístico de primer nivel que promueve. Y para ello, no hace falta acabar con los autónomos, que deben seguir existiendo.
De ahí que no se entienda el proyecto de Orden de modificación del actual régimen jurídico de autorizaciones elaborado por Fomento, que incluye la exigencia de disponer de un mínimo de tres vehículos para poder comprar una tarjeta de un transportista que abandone la profesión. Una medida que condena a los autónomos a la extinción.
Un peso pesado del sector apuntó hace algún tiempo que “no sólo estamos aquí para que nos recauden, sino para que nos legislen”. Sólo habría que añadir… ¡y que lo hagan bien!
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