Alberto Camarero Orive. Universidad Politécnica de Madrid
La gobernanza portuaria del siglo XXI debe evolucionar desde una visión meramente administrativa hacia un enfoque sistémico del dominio marítimo
El modelo de dirección de las autoridades portuarias españolas, articulado en torno a su Consejo de Administración, refleja una equilibrada representación institucional. Conforme a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en este órgano convergen el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Administración central, autonómica y local, junto a los agentes económicos y sociales del entorno portuario. Este diseño ha permitido consolidar una gestión transparente y eficiente de los principales nodos logísticos del país.
Sin embargo, el actual contexto marítimo internacional aconseja revisar determinados aspectos de esta estructura. Los puertos ya no son solo nodos comerciales: son activos estratégicos en primera línea de la competencia global. En un escenario marcado por la incertidumbre en el mar Rojo, el estrecho de Ormuz o el eje ruso-báltico, la seguridad marítima y la defensa de las infraestructuras críticas han retornado al primer plano de las políticas europeas.
En este marco de vulnerabilidad de las cadenas de suministro, resulta llamativa la exclusión sistemática de los comandantes navales en los órganos de dirección portuaria. España, potencia marítima con una red de alta sensibilidad estratégica, no debería mantener estancas las esferas civil y militar en su gobernanza portuaria.
La Armada es responsable de la seguridad, soberanía y vigilancia de los espacios marítimos de jurisdicción nacional. Su integración en el Consejo de Administración, como vocal nato o como vocal designado por la Administración General del Estado, permitiría avanzar hacia un modelo de gobernanza multinivel e integral, tan necesaria en estos tiempos.
Esta coordinación no debe entenderse como una “militarización” de la gestión portuaria, sino como una cooperación estructurada necesaria para responder a riesgos que exceden la lógica puramente comercial. La presencia del mando naval reforzaría la capacidad de respuesta y anticipación en materias críticas como:
1.- Ciberseguridad portuaria y protección ante amenazas híbridas.
2.- Protección de infraestructuras críticas, incluyendo terminales energéticas offshore y comunicaciones submarinas.
3.- Gestión integrada de emergencias marítimas y control de accesos.
4.- Alineación con la Estrategia de Seguridad Nacional, que reconoce a los puertos como elementos clave para la resiliencia del Estado.
Como conclusión, la gobernanza portuaria del siglo XXI debe evolucionar desde una visión meramente administrativa hacia un enfoque sistémico del dominio marítimo. Dejar fuera a quienes velan por la seguridad nacional es una carencia que conviene corregir para garantizar que nuestros puertos sean no solo eficientes, sino también resilientes.
Reforzar el gobierno de nuestras autoridades portuarias con la presencia institucional del ámbito naval es una evolución lógica. Se trata de una actualización necesaria frente a los desafíos de la nueva geopolítica del mar, permitiendo que logística, seguridad y defensa converjan bajo un marco común de actuación pública en beneficio del interés general.
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