Mientras el presidente del Gobierno de España se jactaba en el Debate sobre el Estado de la Nación del impulso que su ejecutivo iba a dar a los puertos españoles con la irrupción en el Parlamento de una nueva Ley, la sensación en el sector es que cada palabra de Zapatero era otra ‘nueva medida’ que nacía en falso. Los conocedores de la filosofía portuaria del proyecto de Ley saben que éste ha sido un texto que fue lanzado, deprisa y corriendo, para remediar la filtración de su publicación días antes.
Un texto viejo, fruto de la obsesión del anterior equipo de Fomento. Un proyecto aprobado con una falta de consenso absoluto en el propio ejecutivo, sólo hay que observar lo que afirmó del mismo Competencia que depende del Ministerio de Economía. Un texto, vituperado por estibadores, navieros y cargadores, descartado como una ágil herramienta que aporte competitividad en tiempos de recesión.
Tanto se dió cuenta el PSOE que el texto no podría ser pactado en el Parlamento, que no liberalizaba y encarecía costes (el caso de Canarias es dramático), que sus ideólogos hoy ya no lo pueden ni defender, porque fueron apartados de la primera línea portuaria. Hasta Salvador de la Encina, que más que diputado parece presidente de Puertos del Estado, ha recogido “con pasión” enmiendas de Algeciras, folios, que, por lo visto, Fomento se negó a incluir hace meses.
Mientras el gobierno canario logra el compromiso de Fomento para congelar tramitación y reformular las tasas, Blanco pone ojitos al PP para articular un consenso complicado. Pese a eso lo más lógico sería la retirada con dignidad y pactar, paso a paso, otro marco, moderno y de libertad.
© 2024, todos los derechos reservados.