Los operadores postales privados y también parece que la propia Correos coinciden en la necesidad de que el Gobierno establezca de una vez por todas las reglas de juego en el sector postal.
Es preciso que se regulen las condiciones en que el operador postal público presta el servicio postal universal (SPU). Para ello, la Ley Postal de 2010 ya preveía la puesta en marcha de un Plan de Prestación de Correos que más de tres años después sigue sin concretarse.
Esta falta de regulación mantiene al sector postal en una especie de limbo regulatorio mientras sigue sin levantar cabeza después de una caída acumulada en ventas superior al 40 por ciento desde el inicio de la crisis.
Tan solo en el último año, en el que se vislumbró alguna señal positiva en su último tramo, la caída en volumen de ventas del sector se mantuvo en los dos dígitos. La carta ordinaria está en retirada y nunca volverá porque nuevos formatos la han sentenciado, mientras que el marketing directo, la esperanza en el sector, no termina de levantar cabeza como consecuencia del descenso del consumo.
A todo esto, la nota positiva es que Correos parece haber variado el rumbo al admitir la apertura de la red postal a las notificaciones de los operadores privados, empujada en buena parte por la multa millonaria que le impuso Competencia por abuso de posición de dominio.
Una vez subsanado este conflicto, la pública debería hacer otro tanto con una nueva sanción de Competencia en la que se le penaliza la conducta de favorecer a grandes clientes, principalmente entidades bancarias, con unos descuentos que no aplica, sin embargo, a los operadores privados.
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