Editorial  | 

Libre circulación

Los transportistas no pueden ser rehenes de las movilizaciones de colectivos acostumbrados a tomar las carreteras.

Más de dos meses y medio ha tardado el ministro de Transportes en tener su primer cara a cara con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), máximo órgano de interlocución del sector con la Administración, integrado por las organizaciones empresariales con mayor representatividad. El encuentro tuvo lugar solo unos días después del anuncio de un paro indefinido desde Plataforma. La misma asociación minoritaria, y sin presencia en el CNTC, que ya protagonizó el paro de marzo de 2022; y con las protestas de los agricultores españoles como telón de fondo. ¿Casualidad o coincidencia?

La cita, sin grandes novedades, más allá del impulso de cuatro grupos de trabajo, que reforzarán los creados en la legislatura anterior, sirvió para que el ministro se quitase un peso de encima al conocer, de primera mano, que las principales patronales del sector no apoyaban el oportunista paro de Plataforma, desconvocado solo 48 horas después, ante su nulo seguimiento. Eso sí, por si acaso hubiesen tenido más vida las movilizaciones, el CNTC había exigido ‘mano dura’ desde el minuto uno para garantizar la libre circulación. Y el titular de Transportes, de la mano de Interior, se comprometió a ello, para no repetir los mismos errores que se cometieron en el paro de 2022.

Los transportistas, que están pagando los platos rotos de las protestas del campo en Francia, no pueden ser rehenes de las movilizaciones de colectivos acostumbrados a tomar las carreteras para elevar la voz. Hay que respetar todas las reivindicaciones, pero el derecho de manifestación debe ser compatible con el de los que quieren trabajar.