La zanahoria y el palo, poner pegas para no tener que soltar dinero
Seguimos a vueltas con la Ley de Movilidad Sostenible (LMS), publicada en diciembre pasado. En esta ocasión comentaré un aspecto, cuando menos, “incalificable”.
El Gobiernos ha incluido una modificación a dicha ley en el “Real Decreto-ley (RD) 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio”, publicado el sábado 21 de marzo de 2026 (pendiente de convalidar en el Congreso).
La modificación (artículo 63 del RD) afecta a los apartados 1 y 3 del artículo 26 de la LMS, en concreto, se adelanta de 24 a 12 meses el plazo de entrada en vigor del deber de negociar y elaborar los Planes de Movilidad Sostenible (PMS) -fecha límite el 5 de diciembre de 2026- por parte de las empresas y de las entidades pertenecientes al sector público.
Los PMS deben incorporar movilidad activa, transporte colectivo, soluciones de bajas emisiones y puntos de recarga para vehículos cero emisiones en los centros de trabajo. Debe contemplar no solo a las personas trabajadoras, sino a visitantes, proveedores y cualquiera que acceda al centro.
La justificación del adelanto resulta bastante peregrina y con un tufillo ideológico que lo inunda todo con el argumento de que “el previsible aumento del coste energético para las empresas, sobre todo en lo relacionado con los transportes, va a suponer un incremento en los costes de la movilidad a los que deben hacer frente las personas trabajadoras”. Nos deja atónitos y sin palabras.
También prevé que en el caso de las empresas que estén obligadas a contar con un PMS, y sean beneficiarias de las ayudas directas previstas en este Real Decreto, el incumplimiento de dicha obligación conllevará el reintegro de las ayudas recibidas. O sea, la zanahoria y el palo, poner pegas para no tener que soltar dinero. Otra vez nos va a tocar correr.
Juanma Martínez
jmmartinezmourin@gmail.com
