La descarbonización, la digitalización y la mejora de la eficiencia energética son exigencias inaplazables, y la Ley de Movilidad Sostenible busca ordenar esa transición.
España ha dibujado su ‘hoja de ruta’ para alcanzar la neutralidad climática en el sector del transporte, responsable del 29 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible ha superado el principal escollo que le quedaba, su aprobación en el Congreso. Tras muchas idas y venidas y debates aplazados, el texto recibió el respaldo necesario en la cámara baja de las Cortes Generales y sigue su camino en el Senado para completar su tramitación. Se espera que sea una realidad antes de finales de este año.
La futura norma conforma, por fin, un marco legislativo que aporta seguridad jurídica, estabilidad y coherencia a las políticas de movilidad. Pero más allá de los grandes enunciados, su verdadero alcance dependerá de su desarrollo reglamentario, de los recursos disponibles y de la capacidad de traducir las intenciones en medidas efectivas. De momento, su aprobación, uno de los hitos acordados con la CE, resultará clave para desbloquear los fondos europeos, cerca de 10.000 millones de euros destinados a la modernización del sistema de transporte.
El sector vive un cambio estructural que ya no admite marcha atrás. La descarbonización, la digitalización y la mejora de la eficiencia energética son exigencias inaplazables, y la ley busca ordenar esa transición. Para el sector, supone tanto una oportunidad como un reto. Las grandes empresas pueden planificar esta evolución con una perspectiva de medio plazo; sin embargo, el tejido predominante de pymes se enfrenta a un proceso costoso y complejo. Sin duda, el capítulo más delicado es la renovación de flotas. La transición hacia vehículos eléctricos, híbridos o propulsados por hidrógeno implica inversiones muy superiores a las que puede afrontar la mayoría de las empresas de transporte por carretera. La ley introduce instrumentos de apoyo y prevé un desarrollo progresivo de puntos de recarga eléctrica en estaciones de servicio y centros logísticos. La clave estará en su aplicación: si las ayudas llegan de forma ágil y adaptadas a la realidad de las empresas, podrán ser un verdadero catalizador; si se pierden en la maraña burocrática, serán un espejismo más.
La norma también pone el foco en la digitalización. En este sentido, está previsto que se acelere la regulación del documento de control electrónico en el transporte de mercancías por carretera. De este modo, el e-CMR, que facilitará la gestión documental y la trazabilidad de las operaciones, debería empezar a funcionar en el menor tiempo posible. Su implantación generalizada marcará un hito en la digitalización del sector, reduciendo cargas administrativas, mejorando la transparencia y abriendo la puerta a la interoperabilidad entre modos y operadores.
Otro de los grandes ejes de la ley es el impulso del transporte ferroviario de mercancías en España, que sigue en el furgón de cola de la UE. Para elevar la cuota modal, el texto contempla bonificaciones en los cánones ferroviarios, incentivos a los operadores privados y la mejora de los accesos logísticos a terminales intermodales y puertos. El objetivo es claro: impulsar el cambio modal de la carretera al ferrocarril.
La ley puede ser el primer paso hacia un cambio real, pero necesitará algo más que voluntad: un compromiso presupuestario a largo plazo y una estrategia que coordine los intereses de Adif, las comunidades autónomas y los operadores privados.
La norma también hace un guiño a los conductores profesionales, activo clave en las cadenas de suministro. Entre las medidas contempladas destacan las orientadas a mejorar la seguridad y las condiciones laborales de los transportistas, especialmente a través de la creación de aparcamientos seguros y áreas de descanso adecuadas. Esta previsión, largamente reclamada por las asociaciones de transporte, se inscribe en la estrategia de seguridad vial y en la necesidad de dignificar un oficio esencial pero cada vez más tensionado por la falta de relevo generacional.
Por último, uno de los principales aportes de la ley es su intento de dotar de coherencia a un mosaico de competencias y normas. Para el transporte de mercancías, esto puede significar ganar previsibilidad en la planificación de infraestructuras, en la gestión de restricciones urbanas y en el diseño de políticas medioambientales. El reto es monumental, pero imprescindible si se quiere evitar la actual fragmentación normativa que tanto encarece y entorpece la actividad.
Con sus luces y sombras, la Ley de Movilidad Sostenible constituye “un paso de gigante para el transporte y la logística en España”, en palabras del propio secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. No resolverá de inmediato los problemas estructurales del transporte, pero ofrece un marco de estabilidad jurídica que permite mirar más allá del corto plazo. Su éxito dependerá de su aplicación práctica, de la capacidad para implicar al sector privado y, sobre todo, de la voluntad política de acompañar a las empresas en su transición. La movilidad sostenible solo será real si se convierte en movilidad posible.
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