La descarbonización del transporte marítimo requiere reglas homogéneas, incentivos coordinados y un calendario común.
La Organización Marítima Internacional (OMI) ha dado un paso histórico hacia la descarbonización del transporte marítimo que bien merece un aplauso. Ha aprobado un marco normativo, jurídicamente vinculante, que es el primero del mundo que combina límites obligatorios de emisiones y fijación de los precios de carbono en todo un sector. Con el ambicioso objetivo de alcanzar las emisiones netas nulas en torno a 2050, se aprobará de forma definitiva en octubre y entrará en vigor en 2027.
Por fin, el transporte marítimo contará con reglas comunes, que serán obligatorias para los buques de más de 5.000 toneladas de arqueo bruto, responsables del 85 por ciento del total de emisiones de CO2 del sector.
Pero conviene no perder el norte: Europa sigue navegando sola. Mientras la OMI trabaja para lograr un consenso global, la UE ya impuso en 2024 el régimen de derechos de emisión (ETS), actuando como si los buques no cruzaran océanos ni cargaran mercancías para más de un continente. Esa descoordinación regulatoria, aunque bien intencionada, está castigando el tráfico portuario europeo. Las navieras ya han empezado a desviar escalas hacia puertos no comunitarios o estableciendo hubs de transbordo que eviten el sobrecoste del ETS. Una realidad que se ha podido esconder, de momento, gracias a la crisis del mar Rojo, como apunta el director de Vasco Shipping, Mikel Urrutia, en la entrevista que se publica en este número.
La descarbonización del transporte marítimo requiere reglas homogéneas, incentivos coordinados y un calendario común. No puede depender de impulsos regionales. La OMI ha demostrado que el camino multilateral, aunque más lento, es más robusto y sostenible a largo plazo. Europa debería sincronizar su agenda con la de la OMI. Tiene la oportunidad -y la responsabilidad- de alinear sus políticas con este marco internacional, evitando duplicidades, incertidumbre jurídica y efectos no deseados sobre la competitividad de sus puertos. El acuerdo es una brújula clara: sin armonización no habrá transición justa ni eficaz. El sector, es evidente, debería jugar con las mismas reglas. Está por ver si la falta de consenso, con varios países votando en contra, afecta finalmente al alcance de las medidas.
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