El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acepta el recurso contencioso-administrativo presentado por la patronal logística contra el gravamen a la última milla en Barcelona, aunque desestima la suspensión cautelar.
La patronal logística UNO se ha congratulado de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo que ha presentado contra la conocida como ‘tasa Amazon’, el tributo que deben pagar los operadores postales, con una facturación superior al millón de euros, por el reparto B2C en la ciudad de Barcelona.
No obstante, el Alto Tribunal ha desestimado la suspensión cautelar del tributo solicitada por UNO, argumentando “el margen temporal disponible” para pagar la tasa, hasta el 31 de julio de 2024, informa la patronal.
UNO considera que la norma aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona “vulnera el artículo 18.3 de la Constitución española, puesto que obliga a los operadores postales a reclamar información por parte de la empresa que hace un envío para saber si proviene de una venta por internet y también a incluir en la liquidación del tributo información sensible como los lugares de entrega de los envíos o la naturaleza del destinatario.
Y ello “impide garantizar el secreto de todas las comunicaciones postales a no ser que lo exija una resolución judicial”, señala Francisco Aranda, presidente de UNO. Además, a juicio de la patronal logística, el tributo supone una doble imposición al sumarse esta tasa a la ya existente por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública. Ambas tasas “gravan el aprovechamiento del mismo dominio público”.
El nuevo gravamen supone también “la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación”, ya que “se ha diseñado de un modo absolutamente arbitrario y discriminatorio al excluir al operador público (Correos) del gravamen en perjuicio de los demás, lo cual supone una injustificada alteración de las reglas de la libre competencia”. Es más, se trata de un impuesto “injusto” para “los propios usuarios que reciben los envíos en sus domicilios, ya que aquellos que opten por puntos de conveniencia o por centros de distribución urbana de mercancías no se verán afectados en manera alguna por la tasa”.
El presidente de UNO confía en que el TSJC “estudie en profundidad los argumentos ofrecidos por nuestra patronal para dejar sin vigor esta tasa que lastrará el devenir económico y social de Barcelona”.
El pleno municipal del Ayuntamiento de Barcelona aprobó el pasado 24 de febrero la ordenanza fiscal que regula la tasa por aprovechamiento especial del dominio público derivado de la distribución del comercio electrónico destinado al consumidor final.
La ‘tasa Amazon’ prevé un gravamen del 1,25 por ciento de los ingresos obtenidos por el servicio de reparto en Barcelona. Afecta a unos 26 operadores postales, que aportarán a las arcas públicas un máximo de 2,6 millones de euros al año, según cálculos del Ayuntamiento. Transporte XXI ya anunció en una anterior edición que UNO presentaría alegaciones.
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