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Asoport radiografía las barreras de la estiba

La patronal difunde un informe del despacho Cuatrecasas que concluye que la falta de transparencia, las rigideces laborales y la preferencia por los Centros Portuarios de Empleo siguen limitando la competencia real en los puertos españoles.

Asoport ha puesto negro sobre blanco las barreras que siguen condicionando el funcionamiento de la estiba en España. Lo hace a través de un informe encargado al despacho Cuatrecasas que analiza el estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre los servicios portuarios y confirma que, pese a las reformas introducidas en los últimos años, el sector continúa anclado en un modelo rígido, opaco y alejado de los estándares europeos.

Hay que recordar que el Tribunal Supremo ajustó el pasado mes de junio la legalidad del modelo laboral de la estiba pactado en el V Acuerdo Marco por la asociación Anesco y el sindicato Coordinadora, declarando nulas algunas de las cláusulas del mismo, al tiempo que sus firmantes destacaban que la resolución judicial “avala el actual modelo laboral del sector”, lo que supuso que en septiembre se suscribiera la ampliación por seis años, hasta diciembre de 2031.

Operaciones de estiba en el puerto de Valencia.
Operaciones de estiba en el puerto de Valencia.

El análisis de Cuatrecasas arranca señalando un problema estructural: la escasa transparencia de la información pública relativa a las terminales, licencias, concesiones y desempeño operativo. La falta de datos homogéneos y actualizados dificulta la evaluación competitiva, limita la entrada de nuevos operadores y genera incertidumbre en la planificación de la actividad portuaria. Asoport subraya que, sin una información fiable y accesible, no es posible impulsar una competencia efectiva.

El informe sitúa como segunda gran barrera la posición predominante de los Centros Portuarios de Empleo (CPE). Aunque el marco legal español abrió la puerta a modelos alternativos de gestión de la mano de obra, la realidad es que la inmensa mayoría de los estibadores sigue adscrita a los CPE. Según el documento, esta concentración no responde a razones de eficiencia, sino a un conjunto de obstáculos que dificultan a las empresas optar por otros sistemas de contratación. El resultado, afirma Asoport, es un mercado laboral poco flexible y con fuertes asimetrías competitivas.

El acceso a la profesión de estibador constituye otra de las áreas críticas señaladas en el informe. España exige una carga formativa muy superior a la de los puertos del entorno, a lo que se suma la falta de agilidad en la homologación de cualificaciones extranjeras y la escasez de centros públicos habilitados. Para Asoport, este modelo “genera un cuello de botella que obstaculiza la incorporación de nuevos profesionales y limita la capacidad de adaptación de las empresas”.

Operaciones de graneles sólidos en el puerto de Tarragona.
Operaciones de graneles sólidos en el puerto de Tarragona.

El documento también detalla las rigideces organizativas que afectan a la eficiencia operativa: turnos fijos que no siempre se ajustan a la demanda real, escasa polivalencia, asignación inflexible de equipos y una preferencia obligatoria por personal procedente de los CPE. Estas condiciones, señalan desde Cuatrecasas, “incrementan los costes, reducen la productividad y dificultan la gestión eficiente de las terminales”.

La automatización, clave para la modernización de la estiba en los principales puertos europeos, tampoco avanza al ritmo necesario. El estudio advierte de que la normativa y los mecanismos de consulta previstos en los acuerdos laborales introducen incertidumbres que pueden frenar proyectos de inversión tecnológica, con efectos directos sobre la competitividad del sistema portuario español.

Tras radiografiar estas barreras, Asoport reclama un avance decidido hacia un marco más transparente, flexible y alineado con el Derecho de la Unión Europea. El informe plantea reformas como la homogeneización de los pliegos de condiciones, la revisión del sistema de tarifas máximas, la eliminación de la preferencia estructural de los CPE, la facilitación del acceso profesional y la posible creación de un regulador independiente que supervise la neutralidad competitiva.

La patronal advierte de que “mantener el actual statu quo supone un lastre para la competitividad de los puertos y, por extensión, para toda la cadena logística”. A su juicio, adaptar el modelo español a los estándares europeos es imprescindible para atraer inversión, impulsar la innovación y garantizar un sistema portuario capaz de responder a las exigencias del comercio internacional.