El 70 por ciento de las autoridades portuarias españolas recibirán financiación en 2010 a través del fondo de compensación procedente de los recursos generados por los grandes puertos españoles.
La crisis de actividad en los muelles viene agravando desde 2008 la situación financiera de muchas dársenas, que han visto reducir sus ingresos y que, ante un elevado apalacamiento financiero, se las van a tener que ingeniar con el dinero de otros para cubrir sus expectativas de explotación.
Además, la nueva Ley de Puertos introduce la obligatoriedad para todas las autoridades portuarias de conseguir una rentabilidad del 2,5 por ciento anual, lo que en ciertos casos penalizará a los clientes de las dársenas o a las inversiones del recinto portuario, aunque ¿es razonable que con las tasas que pagan unas empresas en unos puertos se construyan infraestructuras en otras dársenas para que las disfruten compañías competidoras de las primeras? ¿Es lógico o anticompetitivo? ¿Funcionan los puertos españoles como verdaderas empresas? ¿Qué retorno tiene la solidaridad? ¿Sobra política y faltan gestores en los puertos?
Todo indica que una vez suprimido de facto aquel concepto supremo de la Ley de Puertos de 1992 de que “los puertos se autofinancian”, hemos entrado en el concepto del “aquí todo vale” y “más café para todos”. Hemos visto, en los últimos meses, como Fomento recurría al bolsillo de los ciudadanos para pagar sus errores tarifarios o como se cubrían, con el dinero de todos, préstamos para algunas ampliaciones. ¿Competencia leal? ¿Planificación? ¿Gestión? ¿Liderazgo? No hay sólo una política portuaria, sino veintiocho.
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