Patronales del sector denuncian a la pública ante un juzgado de lo mercantil de Madrid para que cese la proliferación de encargos por parte de Adif, Aena, Enaire o Renfe.
El sector de las ingenierías de consulta estrecha el cerco contra la sociedad pública Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) para tratar de detener lo que consideran “competencia desleal”.
Siete patronales del sector han interpuesto una demanda en este sentido contra la pública ante un juzgado de lo mercantil de Madrid, según han confirmado a TRANSPORTE XXI. Se trata de Asica (Andalucía), Ageinco (Galicia), Acalinco (Castilla y León), Asincar (Aragón), Asinca (Cataluña) y Avinco (Valencia), así como la Asociación de Empresas de Consultoría e Ingeniería Independientes de Infraestructuras, Arquitectura, Instalaciones, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías (Aseci).
Las patronales han tomado esta determinación después de más de un año de espera sin recibir respuesta por parte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en relación con una denuncia contra Ineco por “falseamiento de la libre competencia”, como ya adelantó este periódico en su momento. La denuncia persigue que cesen los encargos y que Ineco pierda la condición de medio propio, lo que incrementaría el mercado privado de ingeniería en más de 150 millones de euros anuales.
Las ingenierías privadas reconocen que mantendrán “el paso firme en su determinación para detener la competencia desleal de Ineco, cuya cifra de negocio superó los 273 millones de euros en 2018, de los que más de 225 millones se ejecutaron en España”. El sector denuncia que la actividad de Ineco “reduce significativamente el tamaño del mercado disponible para las empresas privadas”. La citada “jibarización” está provocada “por los continuos y cuantiosos encargos que recibe de sus accionistas: Adif, Renfe, Enaire o Aena, para compensar su actividad internacional, limitada por ley al 20 por ciento”.
Las ingenierías denuncian que Ineco recibe encargos que se abonan según tarifa, mientras que las privadas “compiten económicamente a la baja sobre unos precios de salida que de por sí son inferiores a la tarifa de la pública”. Por tanto, “el efecto es doblemente pernicioso para España, ya que encarga a un precio superior al de mercado y debilita un sector estratégico basado en el conocimiento”, alertan.
Al mismo tiempo, las organizaciones sectoriales trabajan en una tercera vía para acabar con esta situación, que como ya anunció este periódico pasa por una denuncia ante la Comisión Europea con el objetivo de que “se investiguen posibles ayudas de Estado”.
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