Asempre asegura que en dos consultas realizadas ante Bruselas se aprecian defectos legales en la norma en favor de Correos.
Los operadores postales privados se sienten discriminados ante Correos en la recién aprobada Ley Postal y estudian acudir a Europa. La patronal Asempre asegura que ya ha realizado dos consultas en Bruselas que han confirmado defectos legales en la transposición de la Directiva postal que favorecen al operador público español
La Ley del Servicio Postal Universal (SPU), de los derechos de los usuarios y del mercado postal, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 21 de diciembre y que transpone una Directiva comunitaria, no ha dejado satisfechos a los operadores postales privados ya que “como conclusión y obviando que el anteproyecto de ley era aún peor, la ley es mala”, lamenta el presidente de Asempre, Luis García Cantín.
Las privadas entienden que “se ha cumplido con la obligación de transponer la Directiva, pero buscando resquicios para mantener a Correos en situación de privilegio”. Y es que la nueva normativa “cuenta con defectos legales serios y actualmente estamos estudiando plantear ante Bruselas una denuncia por una mala transposición de la Directiva postal”. En este sentido, la patronal centra sus críticas en dos aspectos claves de la nueva ley: la fehaciencia sólo para Correos en las notificaciones y la discriminación en las condiciones de acceso a la red y la política de descuentos.
En ambos casos, Asempre cuenta con la ventaja de haber realizado consultas previas ante Bruselas con resultado positivo. En el caso de la fehaciencia, es decir, el valor probatorio que se le concede a las notificaciones, se mantiene en exclusiva para el personal de Correos y se le niega al resto de operadores privados, lo que provoca que en aquellos concursos convocados por las distintas administraciones públicas para la entrega de notificaciones y en los que se exige esta fehaciencia, “el sector privado queda fuera del mercado”.
En este aspecto, Asempre recibió la confirmación por parte de Bruselas de que “no se debería mantener esta fehaciencia exclusivamente en Correos, algo que además prohíbe expresamente la Directiva Postal”. Por su parte, en el caso de las condiciones de acceso a la red y política de descuentos, Asempre considera que deben ser las mismas tanto para los operadores privados como para el resto de clientes de Correos. “La ley puede ser discriminatoria en este aspecto. Es algo que prohíbe la Directiva y así nos lo ha manifestado la Comisión Europea en nuestra consulta”.
Pese a todo, los operadores privados reconocen avances respecto del anteproyecto de ley que agradecen al apoyo político sobre todo de CiU y en menor medida de PP y PNV. Entre estos avances está la modificación que se recogerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, atendiendo a una sentencia de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea, dice que no todos los servicios del SPU que realiza Correos estarán exentos del IVA, pues excluye aquellos cuyas condiciones se negocien individualmente. Además, se produce un avance sustancial en la tasa a pagar por las privadas para financiar el SPU, que se reduce del 1,5 al 0,5 por ciento de los ingresos y que también afectará a Correos.
Las claves de la Ley
Financiación. Los operadores privados y Correos pagarán una tasa del 0,5 por ciento sobre ventas del SPU para financiar el déficit que asumirá Correos. Las privadas calculan que pagarán en torno al medio millón de euros al año, mientras la pública deberá abonar en torno a los 5 millones. El primer pago se hará en 2012.
Fehaciencia. Las notificaciones con carácter fehaciente (valor probatorio) sólo las podrá hacer Correos. Se excluye a las privadas.
Condiciones de acceso y política de descuentos. Correos podrá ofrecer descuentos a sus mejores clientes y excluir a los operadores privados.
Pago del IVA. Se recogerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y obligará al pago del IVA en los servicios del SPU cuyas condiciones negocie Correos individualmente (bancos, etc).
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