La patronal española de empresas de mensajería AEM, que preside Alberto Genescá, analizó con motivo de su vigésimo octava convención anual, celebrada recientemente en Peñíscola (Castellón), las quejas de algunos de sus asociados que denuncian las prácticas comerciales que está llevando a cabo Chronoexprés para ganar cuota y que “revientan el mercado”.
La asociación europea de navieros, ECSA, ha nombrado a Juan Riva Francos, presidente de la organización, lo que LE convierte en el primer armador español que ocupa el citado cargo.
El presidente de Puertos del Estado recordó a la dársena que podía acudir al mercado de capitales y sólo dos semanas después el ministro anuncia el crédito de 250 millones.
Las patronales Aecaf (Asociación Empresarial Española de Carga Fraccionada) y Acet (Asociación Catalana de Empresas de Transporte) han suscrito un acuerdo de fusión que pretende ser un primer paso para la integración final, junto a las patronales Lógica (Organización Empresarial de Operadores
Ni el Institutional Shareholder Services (ISS) de Estados Unidos, ni el iVOX alemán, ni las gerencias de Scania y MAN.
El Ejecutivo de Zapatero envía al Congreso el Anteproyecto de Ley de Contratos de Distribución Comercial que trata de establecer un nuevo marco que armonice las posiciones de las partes: fabricantes y concesionarios.
La ‘crisis del pepino’, junto a los elevados precios del combustible, podrían afectar al buen ritmo del mercado de camiones, según la patronal de importadores Aniacam.
Un juez de Ohio ha condenado a Ford a pagar 2.000 millones de dólares (unos 1.418 millones de euros) a más de 3.000 de sus concesionarios de camiones por haberles impuesto un plan de precios que gravaba más a unos que a otros.
Y así detener la sangría de la flota bajo pabellón español en cabotaje, que ha perdido el 28% de sus barcos y el 32% de sus puestos de trabajo nacionales desde 2005.
El consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta, Agustín Hernández, ha llamado a “enfrentar sin demora nuevos retos” en el transporte, como “la necesidad de transferencia modal y la programación de una mayor participación del ferrocarril y del barco en la cadena logística”.
Presentan una propuesta para desatascar la negociación con los transportistas y poder empezar a desarrollar esta labor en Bilbao.
Competencia tiene a la pública en la diana por no cubrir costes con los grandes clientes.
El enfrentamiento entre Puertos del Estado y la dársena gallega gana en intensidad y deja en el aire la financiación de las obras.
Fomento afirma que desarrolla una política igualitaria y de alianzas entre dársenas al tiempo que aborda de forma distinta los problemas de financiación de Gijón y A Coruña.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, que preside Javier Sánchez Simón, ha solicitado oficialmente al Ministerio de Fomento que examine la obra del dique de La Esfinge para comenzar a operar de inmediato en la zona.
La Universidad de Las Palmas realizará un estudio del impacto económico de la consignación y la estiba en la dársena canaria.
La Xunta de Galicia ha adjudicado las obras de mejora de la línea de atraque y del calado del puerto de Ribadeo y cumple con el acuerdo alcanzado con la papelera Ence, según el cual la factoría se comprometía a mantener la dársena gallega como “opción logística complementaria” con Gijón,
La patronal Asetravi y los sindicatos UGT, CCOO, ELA y LAB, mantienen las distancias y siguen sin cerrar el convenio colectivo para las empresas de transporte por carretera de Vizcaya y actividades auxiliares y complementarias, cuya negociación, bloqueada durante más de un año, avanza lentamente.
El sindicato vasco de transportistas Hiru denuncia la proliferación de “falsas cooperativas de transporte”, que utilizan “de forma fraudulenta” esta figura legal para “hacer el negocio del siglo” en el sector, “a costa de ofertar a cualquiera la posibilidad de ser transportista saltándose los requisitos legales”.
La Asociación Empresarial Guipuzcoana de Transporte de Mercancías (Guitrans), que el pasado 11 de junio celebró su Asamblea General, reclama una “regulación análoga a la francesa, que obligue al pago de las facturas en un plazo de 30 días, estableciendo mecanismos de control por vía penal en caso de incumplimiento”.
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