Busca encajar la libertad de contratación que exige Bruselas con un ‘estatus especial’ para los trabajadores portuarios.
La resolución del modelo de estiba continúa revoloteando sobre el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo sabe que lo que sigue ocurriendo en los muelles “no es un volcán dormido”, sino que “está en permanente ebullición”, por lo que “lo mejor es atender a sus intereses, sin que los puertos se incendien con presiones y paros”, coinciden en señalar fuentes empresariales consultadas por TRANSPORTE XXI.
Entre la fuerza sindical de los muelles, un colectivo unido de más de 6.500 trabajadores, y la liberalización que exige Bruselas desde hace siete años, el Gobierno, con el impulso de dos ministerios, Trabajo y Transportes, quiere encontrar un ‘punto de equilibrio’ que permita un escenario de “seguridad jurídica” para estibadoras y trabajadores. Todo por la ‘paz social’.
Es “una solución imposible”, reconocen desde ámbitos del Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o la patronal Asoport, porque la idea del Gobierno “se basa en dotar de un “estatus especial” a los Centros Portuarios de Empleo (CPE). Estos pasarían a ser “preferentes” para la contratación de personal en los muelles, por delante de las empresas de trabajo temporal.
Así las cosas, el negocio de la estiba enfila el cierre de 2021 con el reto de “resolver” esta situación legal. La incertidumbre, ante las continuas negativas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la publicación del V Acuerdo Marco de Estiba, se solucionaría, según el sindicato Coordinadora, logrando el nuevo encaje legislativo de los CPE alejado de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal.
En declaraciones a TRANSPORTE XXI, su coordinador general, Antolín Goya, ha indicado que es prioritario “definir exactamente qué es un CPE para que tenga una normativa específica que permita que empresas y trabajadores puedan estar lo suficientemente cómodos para poder tener un acuerdo marco, un convenio colectivo”.
El líder sindical apremia al Gobierno de Sánchez a que publique esta modificación en un real decreto-ley antes de finalizar la primera semana de octubre, “como mucho, porque si no fuera así tampoco tendríamos alternativas a las movilizaciones. Tendremos que dar un paso adelante”, advirtió.
Goya ha explicado que el sindicato tiene un acuerdo “desde hace mucho tiempo” con la asociación Anesco, para “consolidar una situación que nos permita dedicarnos a lo que verdaderamente nos tenemos que dedicar, que es al futuro y a consolidar los tráficos”. La hoja de ruta es clara. Tras la publicación de la nueva legislación para los CPE, se procedería a la publicación del V Acuerdo Marco de Estiba y entrar en la negociación local, con la adecuación de los convenios de cada puerto.
Como ya avanzó TRANSPORTE XXI, el sindicato Coordinadora persigue que los CPE se conviertan en sociedades de carácter mutualista, lo que supondría un “estatus especial” para los trabajadores, y poder salvar, en resumen, gran parte de la problemática que ha habido en los últimos años con la CNMC, la sentencia de la Audiencia Nacional contra el IV Acuerdo Marco de Estiba y la Comisión Europea. Desde Bruselas se sigue muy de cerca la evolución de la liberalización de este sector laboral. Contra la reconversión de los CPE ha mostrado su oposición la patronal Asoport, que preside Joaquim Coello.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, defendió en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, “la importancia del sector de la estiba para España, no solo por su propia relevancia económica y su papel en el comercio de nuestro país, sino también por la necesidad de que se desarrolle en el necesario clima de paz social”.
Sánchez explicó que “seguimos trabajando con el objetivo de dar seguridad jurídica al sector, y muy especialmente en buscar el necesario equilibrio entre el respeto a la normativa de competencia y también la salvaguarda y garantía de los derechos de los trabajadores”.
De idéntica forma, el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, defiende “una modificación legal que reconozca a los CPE el carácter mutualista que tienen, dé seguridad jurídica a las empresas para invertir y que conjugue perfectamente el derecho a la competencia con el derecho de los trabajadores”.
En el marco del congreso de Coordinadora, Toledo indicó, que gracias a esta modificación que ya anunció el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, “los puertos serán “más competitivos”. En cuanto a la hoja de ruta de la norma, apunto que “no queremos precipitarnos porque queremos que haya un consenso político, social e institucional , también con la Comisión Europea”.
Desde el ámbito empresarial, José Luis Romero, director general de Anesco, manifestó el deseo de la asociación, que aglutina a la mayoría de las empresas estibadoras españolas, de “tener ese real decreto que nos aporte una seguridad jurídica que se necesita, ya que venimos de una época donde ha habido mucha incertidumbre”.
“Es demasiado tiempo dando la cara sin tener claro si tenemos futuro”
Siete años después de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, nada se ha movido en los muelles. Las grandes empresas que operan las terminales, la mayoría en manos de las principales navieras mundiales como Maersk, MSC, Cosco, CMA CGM o HMM, mantienen el modelo de ‘pool’ para organizar su estructura laboral. Solo persiguen, que vía negociación, los Centros Portuarios de Empleo (CPE) puedan ser más competitivos. Saben, conocen, sufren, el poder sindical en el muelle.
Aquí no hace falta un preaviso de huelga, aplicando los reglamentos de prevención, el ‘go slow’ puede invadir las terminales en segundos y, si no es así, pues con una asamblea informativa “se puede sabotear una jornada de trabajo”, explica un veterano directivo del sector. Así, las terminales enferman, aparecen las colas de transportistas y toda la cadena logístico-portuaria se contagia.
En ese contexto, “las autoridades portuarias y Puertos del Estado hace años que miran a otro lado”, indican desde una terminal, explicando que “hay otras que inventan gabinetes de crisis que terminan vanagloriándose al lograr la paz social por encima de tener un puerto abierto a la libertad de contratación”. Y es que poco importa el coste que supone “repartir privilegios” entre unos pocos, cuando lo que se persigue es que “no te incendien el puerto mientras que otros siguen funcionando sin problemas operativos”.
En el fondo, en la resistencia al cambio de modelo por parte de las estibadoras está la fuerza que sigue manteniendo el colectivo de estiba, visible en el último congreso confederal de Coordinadora celebrado el pasado mes de septiembre, donde Antolín Goya revalidó su liderazgo para otros cuatro años. El tinerfeño se sintió muy arropado por las administraciones y las empresas, anunciando que el principal reto de la formación, que agrupa a más de 6.000 trabajadores portuarios, es “hacer un cierre del modelo” en el que se viene trabajando desde 2017 tras la reforma emprendida por el Gobierno de Rajoy.
Antolín Goya está cansado de la situación: “es demasiado tiempo dando la cara sin tener claro si tenemos un futuro”.
Más información en la edición en papel de TRANSPORTE XXI del 1 de octubre de 2021.
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