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Jornada de cuatro días: no por decreto

Es sorprendente la insistencia de este Gobierno de inmiscuirse en la operativa de las empresas

El Gobierno ha lanzado un proyecto piloto, con un presupuesto de 10 millones de euros, para intentar implantar la semana laboral de cuatro días en las pymes con el objetivo, dicen, de “explorar nuevos modelos de relaciones laborales”. Esta nueva ocurrencia puede ser eficiente en algunos casos, pero en otros es completamente inviable por el tamaño de empresa o sector.

La reducción de la jornada en determinadas empresas ha de verse como un elemento que puede ser determinante para la retención del talento, junto con otras políticas de recursos humanos más clásicas, como la retributiva o la de beneficios sociales, o más recientes, como el teletrabajo.

La regulación del tiempo de trabajo pertenece a la legislación laboral y España ha optado desde hace tiempo por establecer un sistema con diversos mecanismos para adaptar el horario y la distribución de jornada a las necesidades de la empresa y el trabajador.

Hay que tener máximo respeto a los acuerdos de empresa y los convenios colectivos en su facultad para regular la jornada de trabajo y su distribución, siempre que la productividad se mantenga conforme a indicadores que permitan la viabilidad y crecimiento empresarial, porque sin empresa la semana laboral se reduce a cero días.

Es decir, es un tema de análisis y negociación entre trabajadores y empresarios, que debemos movernos dentro de un gran marco regulatorio en el que no debe inmiscuirse el Gobierno con más intervencionismo. Es sorprendente la insistencia de este Gobierno de inmiscuirse en la operativa de las empresas y de querer organizar la vida de familias y compañías mediante decretos.

Deben ser las empresas, y no el Gobierno, las que analicen la viabilidad de este mecanismo, en base a la normativa de horas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y decidan si verdaderamente reorganizar sus equipos y recursos incrementa su productividad.

Es lógico que exista una legislación marco, pero no que se impongan medidas por ley que impliquen nuevos incrementos de costes en un momento de enorme complejidad empresarial.

Francisco Aranda

presidencia@unologistica.org