Justicia y empresa

La calidad institucional de un país es un aspecto crucial como palanca de crecimiento y atracción de inversiones

Es un hecho demostrado que los países con mayor calidad institucional son los más competitivos y los que tienen mayores niveles de bienestar. Como demuestra el icónico libro “Why nations fail: The origins of power, prosperity and poverty”, el triunfo o el fracaso de las naciones se encuentra íntimamente ligado a la calidad de sus instituciones. Y dentro de esas instituciones que integran el mapa de la calidad institucional, la más relevante probablemente sea la Justicia. El funcionamiento de esta puede reforzar o minar la confianza que necesitamos no solo las empresas y los inversores, sino también los ciudadanos, en el momento de tomar decisiones de futuro. Del funcionamiento de la Justicia depende muy mucho, por lo tanto, el desarrollo de un país y, por lo tanto, de sus empresas.

Una Justicia más rápida y segura, con criterios claros, comprensibles e independientes, es ineludible si España quiere crecer y progresar en libertad. Estamos en un mundo cada vez más competitivo y la Justicia es un elemento clave para conseguir la mejora de nuestra competitividad como país, y la de nuestras empresas en un mundo globalizado. Su mal funcionamiento, o solo la sospecha de ello, genera costes que condicionan el crecimiento y el dinamismo económico, reduciendo el bienestar de todos los ciudadanos. Las empresas valoran el atractivo de un país como destino de inversiones considerando entre otros factores la eficiencia, calidad e independencia judicial, así como la existencia de una legislación clara y estable. Existe una clarísima relación directa entre seguridad jurídica y crecimiento económico e inversión. Algunos indicadores internacionales colocan a la Administración de Justicia española en posiciones que sugieren la necesidad de mejorar. Por ejemplo, en el ranking global del Rule of Law Index, el puesto de España es 24 de 113. Así mismo, la falta de estabilidad del marco normativo afecta negativamente a la seguridad jurídica y es un obstáculo de enormes dimensiones para las empresas. A todo ello hay que añadir que, además, España destaca por una ingente proliferación de trámites regulatorios y regulaciones vinculadas al tejido empresarial que nos sitúa muy por encima del correspondiente a los países de nuestro entorno.

Francisco Aranda
presidencia@unologistica.org