Un sistema de transporte equitativo y moderno es la “columna vertebral” de un país que quiere avanzar
Hay un dato que rara vez se menciona cuando se habla de fiscalidad de los modos de transporte y que el reciente informe de la Fundación Corell y el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid, pone en evidencia: el transporte por carretera -mercancías y viajeros- en España es el modo que más contribuye fiscalmente debido a su alta imposición tributaria específica. Una métrica ilustradora: esta modalidad aporta siete veces más que la aérea.
Una contribución que no se limita a los peajes, sino que sobre todo se canaliza a través de un sistema fiscal específico y particularmente exigente, que incluye el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y las tasas de ITV, entre otros. Se trata de una fiscalidad elevada, sostenida y recurrente, que contrasta notablemente con el tratamiento de otros modos como el ferroviario o el marítimo, que disfrutan de importantes exenciones fiscales y, en algunos casos, reciben más fondos públicos de los que aportan.
Esto no significa que la carretera no tenga externalidades, en términos de emisiones de CO2 por ejemplo, o en mantenimiento de la red vial pero, una vez evaluados, como se hace en el informe, queda claro que los compensa ampliamente con su aportación fiscal.
En plena transición energética y con la fiscalidad verde en el horizonte, urge abrir un debate serio sobre la equidad fiscal entre modos de transporte. Si el esfuerzo recae solo sobre quienes ya aportan más, el sistema será no solo injusto, sino también ineficiente.
Es necesario repensar el reparto de cargas, apoyando la descarbonización del sector sin asfixiar económicamente a quienes lo sostienen. La carretera no es solo parte del problema; también es parte esencial de la solución. Y, desde luego, es una fuente de ingresos insustituible para el Estado, por lo que convendría no secarla.
Me gustaría cerrar esta tribuna con una llamada a la acción de nuestros gobernantes -si a alguno le llegase el mensaje- sobre el pésimo estado de nuestra red viaria, que acumula un déficit de inversión en conservación de más de 11.000 millones de euros. Un abandono que se traduce en menos seguridad vial y también en menos competitividad para un sector, como el transporte por carretera, del que depende la mayor parte de nuestro comercio exterior. Una situación que se ve agravada por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, que impide desbloquear partidas necesarias para la renovación de estas infraestructuras.
Aplicar una fiscalidad justa que no penalice a quienes ya están contribuyendo de forma significativa al sistema público debe ir de la mano de una inversión urgente y decidida en la mejora de nuestras carreteras. Es momento de actuar, con visión y determinación, pues un sistema de transporte equitativo y moderno es la “columna vertebral” de un país que quiere avanzar.
Ramón Valdivia
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