Lo que el sector necesita con urgencia es un plan de renovación del parque de vehículos que sea homogéneo, justo y eficaz
La reciente aprobación por parte del Gobierno de La Rioja de una ayuda directa del 10% sobre el valor de adquisición de camiones nuevos -sin importar su sistema de propulsión- puede parecer, en principio, una excelente noticia. Y lo es, en parte. Renovar flota significa ganar en eficiencia energética; reducir emisiones contaminantes; y mejorar la seguridad vial gracias a los avances tecnológicos que incorporan los vehículos más modernos. Hasta ahí, todos de acuerdo.
Pero no quiero dejarme deslumbrar por “la buena intención”. Si vamos a mirar un poco más allá del titular y nos planteamos las implicaciones reales de este tipo de ayudas cuando se conceden de forma unilateral y condicionadas únicamente a la localización fiscal de la empresa, empiezan a surgir otras derivadas. Porque, nos guste o no, eso genera un desequilibrio claro para aquellas compañías que operan en regiones vecinas (Navarra, Aragón, Castilla y León, País Vasco) y que quedan automáticamente excluidas de este incentivo… aunque estén a escasos kilómetros de distancia.
Este tipo de medidas, por muy bienintencionadas que sean, fragmentan aún más un sector que ya de por sí lidia con numerosas dificultades. Si cada comunidad autónoma empieza a lanzar sus propias ayudas con criterios y cuantías diferentes, acabaremos ante un puzle imposible de encajar, donde las normas del juego cambian según cruces una frontera regional. ¿Es ese el modelo que queremos para un sector estratégico como el transporte por carretera?
El ejemplo riojano no debería replicarse. No porque no se entienda su deseo de apoyar a su tejido empresarial, sino porque este tipo de políticas tienen que enfocarse desde una visión global, de país. El transporte por carretera no entiende de límites autonómicos cuando rueda por la red nacional. Y es por eso que las soluciones deben venir de arriba, desde el Gobierno central.
Lo que el sector necesita con urgencia es un plan de renovación del parque de vehículos que sea homogéneo, justo y eficaz. Que se aplique en todo el territorio por igual, que respete la competitividad y que no penalice por tamaño o localización. Y, sobre todo, que ayude a crecer a los pequeños y permita consolidarse a los medianos y grandes.
La renovación de flotas no puede depender del código postal. En mi opinión, el Ministerio de Transportes debe asumir el liderazgo que le corresponde e impulsar que desde el Gobierno español se articule un marco de ayudas coherente, estable y equilibrado, que combine sostenibilidad, eficiencia económica y cohesión territorial. Solo así podremos construir un modelo de transporte más moderno, más seguro y más verde… y hacerlo de manera inclusiva, sin dejar a nadie al margen.
Ramón Valdivia
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