El transporte por carretera pasará a estar gravado muy por encima de otros modos como el aéreo, marítimo o el ferrocarril
Recientemente se aprobó la Directiva 2023/959 de 10 de mayo de 2023 que modifica la regulación por la que se establece el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Una de las principales novedades de dicha Directiva es la inclusión del transporte por carretera en el sistema. La expedición de derechos de emisión y las obligaciones de cumplimiento de dichas entidades deben ser aplicables a partir de 2027.
El comercio de derechos de emisión se basa en el principio de “cap and trade”, que establece un límite a la cantidad total de gases de efecto invernadero que pueden emitir los diferentes agentes que se va ajustando anualmente para el cumplimiento de objetivos climáticos. Las empresas deben contabilizar sus emisiones, pudiendo comprar derechos de emisión en el mercado de carbono de la Unión Europea e intercambiar derechos entre sí.
En el transporte por carretera, serán los distribuidores de combustibles los encargados de garantizar que no se han superado los límites establecidos de CO2. La Directiva garantiza que, en los primeros años de su aplicación, el precio de la tonelada de CO2 equivalente no supere los 45 euros.
Esta medida influirá sustancialmente en los costes del transporte por carretera ya que las empresas tendrán que elegir entre pagar o migrar a nuevas tecnologías que resultan tremendamente costosas.
Además, nada se dice de quitar el impuesto especial de hidrocarburos, que sólo se cobra a la carretera y no a otros modos.
La situación resulta tremendamente injusta desde el punto de vista de la competencia ya que el sector de la carretera pasará a estar gravada muy por encima de otros modos como el aéreo, marítimo o el ferrocarril.
José Manuel Vassallo
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