Con estas escuetas palabras: “Es más de lo mismo”, un decepcionado empresario se refería a la última propuesta de la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc presentada al Comité Nacional en el marco de las negociaciones entre transportistas y cargadores, retomadas recientemente tras
La liberalización del mercado del transporte de mercancías por ferrocarril en España sigue en mantillas ocho años después.
Pasan los años, los ministros y los planes inversores.
El “no podemos, funcionamos por BOE” era la clásica respuesta de Clasa ante peticiones de los operadores aeroportuarios como, por ejemplo, una rebaja en la factura del alquiler de las oficinas de la terminal de carga del aeropuerto de Barcelona.
El Ministerio de Fomento tiene la obligación de actuar ya.
El Acta de conciliación de la Audiencia Nacional, relativa al II Acuerdo General de Transporte de Mercancías por Carretera, que incluye en su ámbito de aplicación la actividad de logística y mensajería, ha vuelto a poner al descubierto la inmensa cantidad de puertas abiertas que hay en el sector para hacer trizas la libre competencia.
El tercer hilo del Corredor Ferroviario Mediterráneo, una idea que inicialmente ha sido muy alabada en el sector por imaginativa, presenta, sin embargo, dos gruesos agujeros en el diseño final ideado por el Ministerio de Fomento que vienen a dinamitar el conjunto del proyecto.
Los sindicatos de estiba y la patronal Anesco están reanudando las negociaciones del IV Acuerdo Marco.
La ministra Pastor está ante una oportunidad única para legislar al transporte por carretera en la misma dirección que predica.
La alargada mano del lobby de las concesionarias y constructoras vuelve a planear sobre la frágil cabeza del transporte por carretera.
Una huelga inútil más, que no ha servido para nada y que deja todo como estaba.
Las rigurosas medidas de seguridad vinculadas a la amenaza terrorista, que con dudosa justificación se han transferido a la industria de la carga aérea, van a provocar el encarecimiento de los costes del sector en un contexto de crisis económica como el actual.
Una vez más parece cumplirse la vieja máxima de que “algo debe cambiar para que todo siga igual”.
Han tenido que pasar tres años, y un ultimátum de la Comisión Europea, para que el Gobierno español regule el tiempo de trabajo a los transportistas autónomos, incluidos en el ámbito de la normativa comunitaria desde marzo de 2009.
El cóctel que ha combinado unas expectativas demasiado optimistas y unos niveles de préstamo insostenibles deja una gran resaca en la industria del shipping, en alerta roja, que pone en grave riesgo el sistema financiero mundial.
El presidente de Puertos del Estado volvió a reunirse el pasado 5 de febrero con los representantes de Fenatport, esa controvertida asociación que amalgaba a los autónomos de los puertos de Barcelona, Bilbao y Valencia.
Un sector que representa el 5,5 por ciento del PIB de nuestro país no es moco de pavo.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha sido protagonista de un nuevo capítulo de eso que vulgarmente se conoce como la chapuza nacional.
Suman unas ventas superiores a los 3.300 millones anuales.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha vuelto a imponer unas señoras multas a la patronal ALTC (15,21 millones de euros) y a la asociación de autónomos Transcont (5,25 millones) por crear un cártel para fijar precios y repartirse el mercado del transporte terrestre de contenedores en el puerto de Barcelona.
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