El Ejecutivo de Zapatero parece decidido a no soliviantar los ánimos de los transportistas y ha votado en contra de la reforma de la Euroviñeta para no romper los acuerdos de junio de 2008 suscritos con el sector, que amenazaba con “medidas de presión” para impedir la implantación de esta tas
El miedo al sabotaje, el elevado número de intermediarios y la resignación al poderoso, que distribuye portes y comisiones, sigue formando parte del escenario del negocio del transporte de contenedores en dársenas como Valencia.
El nuevo director general de Transporte Terrestre, Francisco Espinosa, no lleva un mes en el cargo, pero ya ha tenido tiempo suficiente para conocer a los transportistas y cómo se las gastan.
La joya de la corona del negocio marítimo portuario español se diluye.
La Euroviñeta, la tasa impulsada desde Bruselas destinada a que los transportistas paguen por el uso de la infraestructura, es una realidad que no tiene vuelta atrás.
El 70 por ciento de las autoridades portuarias españolas recibirán financiación en 2010 a través del fondo de compensación procedente de los recursos generados por los grandes puertos españoles.
La intensa carga de trabajo de las Juntas Arbitrales del Transporte a lo largo del pasado año es fiel reflejo del rápido aumento de la morosidad, que golpea con virulencia al sector del transporte por carretera, especialmente a los autónomos, el eslabón más débil de la cadena, con plazos de cob
No hay mayor satisfacción hoy en el seno de una comunidad portuaria que lograr programar una inversión, disponer de los fondos públicos necesarios, que la terminal que origina la misma salga concesionada en meses y que el inversor no tenga miedo a aportar la última tecnología para que juntos, mo
El arranque de la terminal semiautomatizada de la surcoreana Hanjin en el puerto de Algeciras acaba de colocar a España en el mapa de la tecnología punta de la industria mundial del contenedor.
Bruselas, aunque con más de ocho años de retraso, ha enmendado el entuerto generado con la Directiva de Tiempos de Trabajo y ha puesto fin a la discriminación, injustificada y ajena al Derecho Comunitario, entre transportistas asalariados y autónomos.
La estabilidad del transporte de contenedores por carretera en puertos como Valencia y Barcelona lleva meses amenazada.
Blanco habló claro y fuerte en la reunión de Consejo de Ministros de la UE celebrada en Zaragoza los pasados 8 y 9 de junio.
Pere Macias, portavoz en la Comisión de Fomento del Grupo Parlamentario Catalán, asegura que “en las liquidaciones de obra pública portuaria se toman, a veces, decisiones que no están muy sujetas al ordenamiento jurídico, pero que tienen su lógica por el sobrecoste del conjunto de la obra.
Al hilo del nuevo plan del Gobierno de Zapatero para anticipar la reducción del déficit siguiendo las recomendiaciones del Eurogrupo, lo que supondrá un recorte en infraestructuras de 3.200 millones en 2010 y otro tanto para 2011, José Blanco, el mnistro de Fomento, aseguró en sede parlamentaria
El director general de Transporte Terrestre de Fomento, Juan Miguel Sánchez, por fin ha hecho pública la composición del Comité, cuya renovación, que se realiza cada cuatro años, ha estado marcada por el fallo judicial que confirmó un trato de favor a Fenadismer en la actualización de 2005.
El Ministerio Fiscal está investigando un presunto fraude de entre 17 y 30 millones de euros (entre 3.000 y 5.000 millones de las antiguas pesetas) en la ampliación del puerto de Barcelona, en concreto, en la construcción del Dique del Este.
Las inversiones que el sector del transporte y la logística hispano-francés considera “imprescindibles e ineludibles” en infraestructuras transfronterizas para superar el actual colapso de los tráficos de mercancías entre ambos países brillan por su ausencia.
La mayoría de puertos españoles están a la espera de recibir millonarios paquetes de ayudas económicas procedentes del bolsillo de los ciudadanos españoles para el pago de las tarifas portuarias anuladas judicialmente entre 1992 y 2003.
La reciente sentencia del Tribunal de lo Mercantil Nº 8 de Madrid, que acredita las prácticas desleales de Renfe Mercancías en el negocio del transporte combinado, no tiene desperdicio.
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