MSC y TCV planifican la automatización de sus terminales dentro de un proyecto liderado por la Fundación Valenciaport, que cuenta con una subvención del Ministerio de Fomento de 1,5 millones de euros.
Las tres cementeras comprometen un tráfico de 500.000 toneladas a partir del cuarto año.
Una voladura controlada de explosivos y detonadores eléctricos convirtió en escombros, en apenas un segundo, el edificio de Interfrisa, actualmente propiedad de Acciona Trasmediterránea, ubicado en el muelle Sant Bertran del puerto de Barcelona.
Copitrans, operador de transporte participado por Grupo Pérez y Cía, se ha adjudicado el transporte de los contenedores de la consignataria Deep Sea Shipping en Valencia.
Terminal Catalunya (Tercat), participada en un 70 por ciento por Hutchison y en un 30 por ciento por Grupo Mestre, incrementará en 140 millones de euros, hasta los 515 millones, la inversión inicialmente prevista en su terminal del nuevo muelle Prat del puerto de Barcelona.
Agunsa Europa se ha adjudicado la agencia de la compañía naviera Trasatántica en el área de la Comunidad Valenciana desde el pasado 15 de diciembre, tras que Odiel Levante haya cesado su actividad.
El armador espera así compensar la caída del cabotaje interior, que tuvo un descenso del 30% en el segundo semestre de 2008.
La naviera suiza Mediterranean Shipping Company (MSC) reducirá su capacidad de transporte en la ruta entre Asia y el Mediterráneo/Mar Negro, con la retirada de nueve portacontenedores de 6.500 TEUs.
El último consejo de administración del año de la Autoridad Portuaria de Barcelona ha adjudicado la ampliación del muelle Adosado, donde crecerá la estibadora multipropósito Terminal Port Nou, a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Sociedad Anónima Trabajos y Obras, Obrascón Huarte Lain y Copcisa, por un importe de 42,20 millones de euros.
Incrementa en diez años la petición de cárcel para la ex junta directiva de la asociación.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que preside Javier Sánchez-Simón, acordó el pasado mes de diciembre incrementar las tarifas de los servicios básicos portuarios (practicaje, amarre y desamarre o remolque) entre un 2,7 y un 4,32 por ciento a partir del presente mes enero de 2009.
Los nuevos accesos terrestres, ferroviarios y viarios, al puerto de Barcelona es uno de los proyectos prioritarios que la Administración central debe agilizar, según el denominado Grupo de Trabajo de Infraestructuras (GTI4), formado por la Cámara de Comercio de Barcelona, el Círculo de Economía, el RACC y Fomento del Trabajo.
La decisión del Ministerio de Economía de retrasar la instalación de un escáner para el control de mercancías en el puerto de Santa Cruz de Tenerife “demuestra la falta de sensibilidad del Estado con las islas”, según ha señalado el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Ten
La Generalitat de Cataluña, a través de la empresa pública Ports de la Generalitat, y la iniciativa privada invertirán 147 millones de euros, entre este año y hasta 2012, en los puertos que son competencia autonómica.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, que preside Javier Sánchez- Simón, ha cerrado el ejercicio 2008 con unos ingresos de explotación de 60 millones de euros de ingresos, según el último informe económico- financiero aprobado en el consejo de administración celebrado el pasado mes de diciembre.
La actividad del colectivo de trabajadores portuarios pertenecientes a la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del puerto de Las Palmas (Sestiba) cayó un 6,31 por ciento en el periodo enero-noviembre de 2008 respecto a 2007, con un total de 120.824 turnos, lo que supone una disminución de 8.131 t
La comunidad portuaria de Barcelona participará en una misión comercial multisectorial a Egipto, que se desarrollará entre los días 15 y 20 de febrero.
El expediente afecta a 230 portuarios que irán cancelando sus contratos por rotación.
El expediente afecta a 200 portuarios que suspenderán sus contratos de forma rotatoria tras la caída del 25% del tráfico.
La Autoridad Portuaria suscribe un crédito con el BEI de 350 millones de euros a pagar en 25 años ante la falta de fondos europeos que sólo llegan al 8% del coste de la obra.
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