La entidad portuaria lanza un proceso para captar hasta 60 millones de euros en préstamos a largo plazo con los que sostener su hoja de ruta hasta 2029 que impulsará la logística eólica.
La Autoridad Portuaria de Castellón ha puesto en marcha un proceso para seleccionar entidades financieras que respalden con hasta 60 millones de euros su plan de inversiones para el periodo 2025-2029, en una operación diseñada bajo criterios de concurrencia y transparencia pese a quedar fuera del ámbito de la normativa clásica de contratación pública.
El gran objetivo del recinto es el desarrollo de su plan de actuaciones relacionado con la eólica marina, que acaba de ser refrendado con una ayuda de 50,8 millones de euros por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la ampliación del muelle de Costa en la dársena sur, espacio en el que está destinado la instalación de empresas vinculadas a la fabricación y montaje de aerogeneradores marítimos.
En cuanto a la financiación externa, el puerto la ha fijado en un máximo de 60 millones de euros, si bien cada entidad deberá ofertar al menos 20 millones. El diseño contempla la posibilidad de distribuir el importe entre un máximo de tres entidades financieras, en función de las condiciones económicas propuestas. La Autoridad Portuaria se reserva, además, la opción de no disponer de la totalidad del crédito ofrecido, lo que introduce flexibilidad en la ejecución del programa.
Las condiciones financieras reflejan una estructura clásica de financiación a largo plazo en el ámbito público portuario. El periodo total de los préstamos se extenderá, como mínimo, hasta finales de 2046, con una primera fase de carencia de cuatro años, hasta diciembre de 2030, en la que no se amortizará capital, seguida de un periodo de amortización de al menos 16 años mediante cuotas semestrales. Este esquema permite acompasar el esfuerzo financiero con la maduración de las inversiones.
El coste de la financiación se articulará sobre un tipo de interés variable referenciado al Euríbor a seis meses, al que se sumará el margen ofertado por cada entidad. El pliego introduce límites claros en materia de comisiones: no se admitirán comisiones de estudio ni de disponibilidad, mientras que la comisión de apertura se abonará una única vez. También se regula la eventual comisión por amortización anticipada, elemento evaluable en el proceso.
El sistema de valoración otorga un peso predominante al coste financiero, que representa el 70 por ciento de la puntuación total, calculado a través de la tasa anual equivalente de cada oferta. A ello se suman la comisión de amortización anticipada, con un 20 por ciento, y el plazo de amortización, que aporta el 10 por ciento restante.
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