El enclave se marca como objetivo el año 2035 para lograr la autosuficiencia energética con una actividad sin emisiones, bajo un plan inversor público-privado de 900 millones de euros.
El Puerto de Valencia está movilizando 900 millones de euros en inversiones públicas y privadas para lograr que, en 2035, la actividad de Valencia, Sagunto y Gandía opere con cero emisiones netas, un objetivo que convertirá a la dársena española en uno de los puertos europeos más avanzados en descarbonización. La Autoridad Portuaria ha presentado hoy ante su comunidad portuaria y logística su hoja de ruta energética, marcada por la electrificación de terminales y buques, el despliegue de energías renovables y la transformación de los accesos ferroviarios, así como por un ambicioso plan de adaptación al cambio climático.
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, subrayó que la transición energética es hoy “una exigencia legal y un imperativo estratégico” ante la volatilidad geopolítica y el impacto ambiental derivado de la dependencia de hidrocarburos. Recordó que las normativas internacionales, europeas y españolas obligan a una reducción acelerada de emisiones, y destacó que el puerto viene trabajando en este ámbito “desde finales de los años noventa”, con hitos que avalan un compromiso ambiental sostenido.
Chao explicó que el Plan “Net Zero Emissions” refuerza ese recorrido y fija la meta de cero emisiones netas en 2035, adelantándose a muchos de los plazos regulatorios. Para ello, el enclave está ejecutando inversiones de gran calado: desde la electrificación de la red ferroviaria interior, la finalización del nuevo acceso ferroviario de Sagunto y la puesta en marcha de la primera autopista ferroviaria conectada con una línea marítima, hasta la construcción de la nueva subestación eléctrica, prevista para 2026, y el despliegue del sistema OPS en las terminales. Estas actuaciones permitirán que los buques que recalen en Valencia puedan conectarse a la red y apagar sus motores auxiliares, uno de los pasos clave para reducir las emisiones del enclave.
Las inversiones, planificadas o en ejecución, ascienden a 605 millones de euros a cargo de la Autoridad Portuaria, mientras que la inversión privada aporta 295 millones de euros, lo que supone un desembolso de 900 millones de euros.
Por su parte, el jefe de Transición Energética de la Autoridad Portuaria, Federico Torres, puso cifras al reto: “El 80 por ciento de las emisiones del puerto procede de los buques”, afirmó, al tiempo que añadió que la electrificación plena implicará una demanda energética “de una magnitud sin precedentes”, estimada en 728 gigavatios hora. Aun así, destacó que la Autoridad Portuaria ha logrado reducir de forma continuada su huella de carbono desde 2008 pese al crecimiento del tráfico portuario, y recordó que este trabajo ha sido reconocido por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Torres detalló que la estrategia se apoya en tres pilares: eficiencia energética, nuevos combustibles y autosuficiencia renovable. En eficiencia, la Autoridad Portuaria está desplegando un avanzado sistema de gestión energética que permitirá anticipar consumos, coordinar la llegada de buques y optimizar la red eléctrica interna. Paralelamente, el puerto está probando combustibles alternativos, como hidrógeno, metanol y biocombustibles, en maquinaria y embarcaciones, con el fin de evaluar su viabilidad real y evitar dejar fuera cualquier vector energético con potencial futuro.
La autosuficiencia energética se ha convertido en una de las prioridades del plan. Aunque toda la energía consumida en los puertos es renovable desde 2018, la previsión de consumo obliga a generar parte de esa energía en el propio recinto portuario. Torres destacó que ya están operativas varias plantas fotovoltaicas en Valencia y Gandía que producen más de 13 gigavatios hora anuales, y avanzó proyectos pioneros como instalaciones fotovoltaicas verticales, un proyecto de energía solar flotante en aguas expuestas, “que puede ser un auténtico salto energético si funciona”, o una planta eólica asociada a la futura terminal norte, capaz de cubrir un tercio de las necesidades de la Autoridad Portuaria
A ello se suman iniciativas para desplegar cargadores eléctricos para vehículos terrestres, sustituir maquinaria por equipos eléctricos, y avanzar en la electrificación de terminales mediante colaboración público-privada. Según Torres, “en 2028 prácticamente todos los muelles afectados por la normativa internacional dispondrán de OPS”, anticipándose hasta dos años al calendario obligatorio.
El plan incluye también una vertiente esencial: la adaptación al cambio climático. Torres alertó de que fenómenos como nieblas densas, temporales y oleajes extremos son cada vez más frecuentes, y subrayó la necesidad de reforzar la resiliencia de infraestructuras, muelles y servicios. Para ello, la Autoridad Poertuaria ha puesto en marcha un observatorio climático y un plan de análisis de riesgos que permitirá ajustar sus operaciones y anticipar impactos en los tres puertos que gestiona.
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