Cada frontera representa para nuestras compañías transportistas una nueva caja registradora que impacta de lleno en sus costes operativos
Con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993 nació la actual Unión Europea. Más de tres décadas después, este club de 27 miembros sigue siendo un laberinto reglamentario donde normas, políticas y sistemas conviven -o sobreviven- a base de pactos, desencuentros y alguna que otra solapada contradicción, recordándonos que la armonía europea es una obra en permanente construcción.
Uno de estos sistemas que la UE no ha logrado armonizar es el que regula los peajes. En esta Europa sin fronteras y de libre circulación, necesitamos un máster para entenderlos.
Cada país presume de su propio sistema -unos cobran por kilómetro, otros por tiempo y otros añaden un plus por CO2-. La consecuencia es un auténtico golpe al bolsillo de los operadores de transporte internacional por carretera: alrededor de 1.000 euros más al mes por camión. Y subrayo lo de “más” porque se trata un pago extra sobre algo que ya está cubierto vía los impuestos y tasas varios que las empresas de transporte por carretera ingresan en las arcas públicas de los Estados miembro.
Con el último informe de la IRU en la mano, comprobamos cómo el mapa de los peajes se va extendiendo cada vez más por la UE: en lo que va de año, hemos asistido a innumerables incrementos de precios y cambios de criterios de tarificación; desde un discreto +1,8 por ciento en Italia hasta el sonrojante +20 por ciento en Bulgaria, pasando por la creatividad de Dinamarca, que cambió su peaje por tiempo a uno digital por kilómetro. Países Bajos, Luxemburgo y Suecia se apuntan a la moda del recargo por CO2 (sumándose a una lista ya engrosada por países como Alemania, República Checa o Austria), mientras Eslovaquia estrena un +44 por ciento con IVA para los camiones más limpios (EURO VI tipo 1, ironías del “verde”). Francia, por su parte, prepara una ecotasa en Alsacia para 2027, perfecta para atrapar a quienes esquivan el peaje alemán. Todo ello con Bruselas enviando cartas a media Europa para que copie el modelo.
En 2027 a todo este galimatías de peajes y sobrecostes extraordinarios se sumará un nuevo quebradero de cabeza: el ETSII, el sistema europeo de comercio de emisiones.
Esta directiva obligará a los proveedores de combustible a comprar derechos de emisión por el CO2 generado por lo que venden, un gasto que, inevitablemente, repercutirá en las empresas de transporte. Lo paradójico es que este sector ya paga por ese mismo concepto a través de la Euroviñeta. ¿No parece más bien un doble recargo maquillado de justicia ecológica?
Cada frontera representa para nuestras compañías transportistas una nueva caja registradora que impacta de lleno en sus costes operativos. Si Europa aspira a ser un verdadero espacio de eficiencia económica, quizás ha llegado el momento de desenredar este galimatías antes de que la burocracia y los sobrecostes terminen aplastando a quienes mantienen sus mercancías en movimiento.
Ramón Valdivia
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