La seguridad no debería entender de nacionalidades, ni la vial ni la jurídica
A partir del 1 de enero de 2026, todo vehículo matriculado en España estará obligado a llevar la baliza luminosa V-16 si quiere evitar una multa. La DGT lo vende como un salto revolucionario en seguridad: ya no habrá que bajarse del coche en plena autopista, jugándose la vida para colocar los triángulos. Pero resulta que la letra pequeña nos muestra que este dispositivo solo es obligatorio para los vehículos españoles. Los extranjeros que cada año circulan por nuestras carreteras -varios millones- podrán seguir usando los “obsoletos” triángulos de toda la vida sin recibir ningún tipo de sanción (y más nos vale llevarlos también si salimos conduciendo fuera de España).
Para el español, la V-16 es poco menos que imprescindible para salvar vidas. Para el turista francés, alemán o británico, cuyo vehículo se avería en la A-7, parece que no tanto. No hace falta ser jurista para oler la incongruencia.
En el país galo, si conduces un camión de más de 3,5 toneladas, da igual que tu matrícula sea francesa, española o polaca: sin las pegatinas de “angles morts” (puntos ciegos) en los lugares exactos que marca la norma, te arriesgas a una sanción. Su mensaje es simple: la seguridad de ciclistas y peatones está por encima de las susceptibilidades nacionales. No es una medida simpática para el transportista. Tampoco parece cargada de “lógica” -si no ves un camión, menos aún verás las pegatinas que lleva adheridas-, pero sí hay una lógica territorial impecable: estás en mi carretera, cumples mis reglas.
En España, en cambio, hemos optado por la vía patriótica de la seguridad: exigimos lo más moderno y caro a los de casa y dejamos que los de fuera sigan con el método “tradicional”. El residente paga el dispositivo, paga el cambio de hábitos, paga el miedo a la sanción y paga la dependencia de una baliza. El visitante, no.
El resultado es una discriminación inversa impuesta por el Gobierno español que roza lo caricaturesco. Quien mejor aprecia esta esquizofrenia normativa es el profesional de la carretera. El transportista español que entra en Francia paga el precio completo del modelo francés: pegatinas, controles y sanciones si no cumple, mientras que el extranjero que atraviesa España no asume el mismo nivel de exigencia. Dos países, dos filosofías y, al final, una clara sensación: la de estar siempre en el lado más cargado de la balanza.
El resultado de esta discriminación también tiene una componente de inseguridad jurídica puesto que todos sabemos que a la UE no le encajan bien las dobles varas de medir de los Estados miembro. Se podrá argumentar con convenios internacionales y encajes jurídicos, pero lo que percibe el ciudadano de a pie es cristalino y doloroso: su propio país es más duro con los de casa que con los de fuera.
La seguridad no debería entender de nacionalidades, ni la vial ni la jurídica. Lo contrario no es solo incoherente; también es una forma de inseguridad.
Ramón Valdivia
rvaldivia@astic.net
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