La mayoría de puertos españoles están a la espera de recibir millonarios paquetes de ayudas económicas procedentes del bolsillo de los ciudadanos españoles para el pago de las tarifas portuarias anuladas judicialmente entre 1992 y 2003.
La reciente sentencia del Tribunal de lo Mercantil Nº 8 de Madrid, que acredita las prácticas desleales de Renfe Mercancías en el negocio del transporte combinado, no tiene desperdicio.
Maersk, concesionaria de una terminal en Algeciras, ha amenazado con llevarse 500.000 TEUs a su instalación en el vecino Tánger Med si no consigue rebajar un 20 por ciento los costes en la dársena española para ser más competitivo en el Estrecho.
La Justicia ha dado la razón a los operadores privados de transporte combinado, que interpusieron una demanda por ‘abuso de posición dominante’ contra la pública Renfe Mercancías.
El Comité Nacional del Transporte por Carretera se reunió el pasado 16 de febrero con el ministro José Blanco.
Puertos del Estado, el organismo dependiente de Fomento que preside Fernando González Laxe, ha decidido retirar su apoyo económico a la Asociación Española para la Promoción del Short Sea Shipping.
Barcelona, cuna de las transitarias españolas, donde nació la primera asociación del sector, placenta de la federación de ámbito nacional y que sigue siendo la primera provincia española en número de empresas instaladas, no tiene convenio propio, y todo parece indicar que seguirá sin tenerlo.
La Comisión Europea acaba de remitir un pliego de cargos a nueve de las principales multinacionales del transporte y la logística, a las que acusa de supuestas prácticas para concertar precios en la industria transitaria de la carga aérea.
El Plan de Austeridad de la Administración General del Estado, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de enero, contempla un recorte de 5.000 millones de euros en el gasto para 2010.
El ministro Blanco ha cumplido con la promesa, que arrastraba Fomento desde tiempos de su antecesora Mágdalena Álvarez, de presentar las cuentas de explotación de los 48 aeropuertos españoles.
El II Acuerdo General para el sector del transporte por carretera entra en su fase decisiva tras un tortuoso viaje que dura ya más de diez años y en el que no han faltado procesos judiciales ante intromisiones en la legalidad de la negociación, como el ‘caso Fenadismer’, organización de autó
Una afiladísima espada de Damocles en forma de multas millonarias se cierne sobre el transporte, que continúa en el punto de mira de Economía por prácticas anticompetitivas, consistentes en acuerdos para la fijación de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.
Las empresas de paquetería han arreciado sus críticas contra la pública Chronoexprés, filial de Correos y Telégrafos, a la que acusan de haber intensificado prácticas desleales que distorsionan la competencia y que están rompiendo un negocio ya de por sí muy lacerado por la crisis.
El pasado 2 de diciembre el negocio marítimoportuario se reunió en el Parlamento para plantear objeciones, recetas y mejoras al proyecto de modificación de la Ley de Puertos.
Más vale tarde que nunca, rectificar es de sabios o donde dije Digo digo Diego.
El castigo por no haber hecho los deberes a tiempo el Ministerio de Fomento nos va a costar un buen pellizco a los españoles: 128,3 millones de euros en indemnizaciones que la cartera de Blanco tiene que pagar a la concesionaria del tramo transfronterizo de alta velocidad, TP Ferro, por el retraso d
El Comité Nacional del Transporte por Carretera se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.
El ministro de Fomento, José Blanco, ha enarbolado la bandera de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, eje central de la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010, y le ha dado “carácter prioritario” al impulso del transporte de carga por tren.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Jordi Valls, acaba de abrir un debate interesante.
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