No hay mayor satisfacción hoy en el seno de una comunidad portuaria que lograr programar una inversión, disponer de los fondos públicos necesarios, que la terminal que origina la misma salga concesionada en meses y que el inversor no tenga miedo a aportar la última tecnología para que juntos, mo
El arranque de la terminal semiautomatizada de la surcoreana Hanjin en el puerto de Algeciras acaba de colocar a España en el mapa de la tecnología punta de la industria mundial del contenedor.
Bruselas, aunque con más de ocho años de retraso, ha enmendado el entuerto generado con la Directiva de Tiempos de Trabajo y ha puesto fin a la discriminación, injustificada y ajena al Derecho Comunitario, entre transportistas asalariados y autónomos.
La estabilidad del transporte de contenedores por carretera en puertos como Valencia y Barcelona lleva meses amenazada.
Blanco habló claro y fuerte en la reunión de Consejo de Ministros de la UE celebrada en Zaragoza los pasados 8 y 9 de junio.
Pere Macias, portavoz en la Comisión de Fomento del Grupo Parlamentario Catalán, asegura que “en las liquidaciones de obra pública portuaria se toman, a veces, decisiones que no están muy sujetas al ordenamiento jurídico, pero que tienen su lógica por el sobrecoste del conjunto de la obra.
Al hilo del nuevo plan del Gobierno de Zapatero para anticipar la reducción del déficit siguiendo las recomendiaciones del Eurogrupo, lo que supondrá un recorte en infraestructuras de 3.200 millones en 2010 y otro tanto para 2011, José Blanco, el mnistro de Fomento, aseguró en sede parlamentaria
El director general de Transporte Terrestre de Fomento, Juan Miguel Sánchez, por fin ha hecho pública la composición del Comité, cuya renovación, que se realiza cada cuatro años, ha estado marcada por el fallo judicial que confirmó un trato de favor a Fenadismer en la actualización de 2005.
El Ministerio Fiscal está investigando un presunto fraude de entre 17 y 30 millones de euros (entre 3.000 y 5.000 millones de las antiguas pesetas) en la ampliación del puerto de Barcelona, en concreto, en la construcción del Dique del Este.
Las inversiones que el sector del transporte y la logística hispano-francés considera “imprescindibles e ineludibles” en infraestructuras transfronterizas para superar el actual colapso de los tráficos de mercancías entre ambos países brillan por su ausencia.
La mayoría de puertos españoles están a la espera de recibir millonarios paquetes de ayudas económicas procedentes del bolsillo de los ciudadanos españoles para el pago de las tarifas portuarias anuladas judicialmente entre 1992 y 2003.
La reciente sentencia del Tribunal de lo Mercantil Nº 8 de Madrid, que acredita las prácticas desleales de Renfe Mercancías en el negocio del transporte combinado, no tiene desperdicio.
Maersk, concesionaria de una terminal en Algeciras, ha amenazado con llevarse 500.000 TEUs a su instalación en el vecino Tánger Med si no consigue rebajar un 20 por ciento los costes en la dársena española para ser más competitivo en el Estrecho.
La Justicia ha dado la razón a los operadores privados de transporte combinado, que interpusieron una demanda por ‘abuso de posición dominante’ contra la pública Renfe Mercancías.
El Comité Nacional del Transporte por Carretera se reunió el pasado 16 de febrero con el ministro José Blanco.
Puertos del Estado, el organismo dependiente de Fomento que preside Fernando González Laxe, ha decidido retirar su apoyo económico a la Asociación Española para la Promoción del Short Sea Shipping.
Barcelona, cuna de las transitarias españolas, donde nació la primera asociación del sector, placenta de la federación de ámbito nacional y que sigue siendo la primera provincia española en número de empresas instaladas, no tiene convenio propio, y todo parece indicar que seguirá sin tenerlo.
La Comisión Europea acaba de remitir un pliego de cargos a nueve de las principales multinacionales del transporte y la logística, a las que acusa de supuestas prácticas para concertar precios en la industria transitaria de la carga aérea.
El Plan de Austeridad de la Administración General del Estado, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de enero, contempla un recorte de 5.000 millones de euros en el gasto para 2010.
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