El ‘ecoincentivo’ marítimo hace aguas
El objetivo de los ‘ecobonos’ es claro y necesario, pero para que funcionen, es imprescindible que el dinero llegue a las empresas que utilizan los servicios subvencionables.
El objetivo de los ‘ecobonos’ es claro y necesario, pero para que funcionen, es imprescindible que el dinero llegue a las empresas que utilizan los servicios subvencionables.
Desde 2024, los buques que tocan puertos europeos pagan por sus emisiones de CO2.
El Plan de Acción Nacional para la Descarbonización del Transporte Marítimo es un gesto es relevante, pero el volumen no lo es tanto.
Si se pretende que la transición sea real y no retórica, hay que medir los pasos, diseñar incentivos, coordinar esfuerzos internacionales y, sobre todo, dialogar con el sector.
Si Bruselas reclama neutralidad climática en 2050 y una reducción del 45 por ciento en las emisiones de los nuevos camiones en 2030, el margen ya no es teórico.
La descarbonización, la digitalización y la mejora de la eficiencia energética son exigencias inaplazables, y la Ley de Movilidad Sostenible busca ordenar esa transición.
Europa necesita marcos regulatorios estables, incentivos claros a la innovación y la capacidad de rectificar cuando las decisiones iniciales se demuestran limitadas.
La seguridad no es un tema exclusivo de las fuerzas del orden: es un factor de competitividad y reputación para todo el sector.
La industria exportadora, que necesita previsibilidad y costes razonables para competir, se enfrenta a un escenario en el que cada crisis política se traduce en disrupciones logísticas, sobrecostes y pérdida de márgenes.
Invertir en conservación no es un lujo ni un capricho de las constructoras o de los transportistas: es la garantía de seguridad vial, de eficiencia logística y de cohesión territorial.
Si varios países ya han abierto sus carreteras a vehículos de mayor capacidad, ¿qué impide una armonización?
Las políticas de movilidad sostenible se diseñan de espaldas a la logística, como si esta no existiera o fuera un asunto menor.
La solución para avanzar hacia las cero emisiones no pasa por cargar de obligaciones a los operadores.
El transporte por carretera soporta una presión fiscal muy superior a la del resto de modos, muchos de los cuales disfrutan de exenciones y subvenciones que distorsionan la competencia.
Urge crear espacios de diálogo continuado, donde participen grandes cadenas, pequeños transportistas, fabricantes, administraciones y ciudadanos, con estrategias alineadas.
España ya tiene una brújula marítima, pero solo será útil si pasa de las letras, y de las palabras, a los hechos.
El Supremo redefine el equilibrio entre libertad económica y concertación laboral, recordando que los pactos sectoriales no pueden saltarse las reglas del juego.
Coordinadora tiene un doble desafío: preservar los derechos conquistados y, al mismo tiempo, liderar una transformación que deje atrás inercias del pasado.
El nuevo marco regulatorio europeo, la transición energética, la escasez de conductores, la digitalización o la posible reducción de la jornada laboral dibujan un escenario crítico.
La transformación digital avanza, pero lo hace a un ritmo demasiado lento.
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