Gestiona el transporte especial desde el puerto de Santander a Madrid de dos grandes piezas de la tuneladora que acometerá los trabajos de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid.
Contempla invertir hasta 167 millones en su terminal de contenedores, incluyendo una dotación adicional de 52 millones vinculada a la prórroga de su concesión por 15 años.
El sector reivindica una mayor simplificación, colaboración y un marco supranacional de ecoincentivos para facilitar un mayor desarrollo de la intermodalidad, con la colaboración de la carretera y el ferrocarril con el transporte marítimo.
España consolida su posición como principal ‘hub’ del sur de Europa, con un tráfico de 17,7 millones de TEUs, pero la actividad global en los muelles continúa lejos de los registros prepandemia.
La filial especializada que el grupo español constituyó en julio de 2021 iniciará actividad en marzo con el objetivo de ofrecer también sus servicios a empresas externas.
El operador asturiano ultima recibir la autorización de la Agencia Tributaria como DDA para sus almacenes en el puerto de Gijón.
Las operaciones superaron los 800.000 metros cuadrados de superficie contratada el año pasado, más del 60 por ciento de nueva construcción, según la consultora Forcadell.
El flotista pondrá en marcha una línea de grupaje de frío con Marruecos desde su nueva instalación logística en el puerto andaluz, que abrirá antes del verano.
El grupo naviero toma el control de Concasa, la instalación polivalente del puerto de Cádiz, tras haber formalizado su adquisición a finales del pasado ejercicio.
El grupo de trabajo para el impulso de la documentación electrónica en el transporte, que integran ya 48 organizaciones, reclama al Mitma que defina las partidas de los fondos ‘Next Generation’.
El operador, del grupo Davila, renueva la pavimentación de 12.000 metros cuadrados de sus instalaciones en la terminal ferroviaria de Guixar y mejora la seguridad.
El grupo minero alcanza las 379.784 toneladas movidas por tren en el primer año completo operando desde su nueva terminal en el muelle Álvarez de la Campa del puerto de Barcelona.
Superó los 176 millones de euros en 2021, un 1.100% más que en el año anterior, y registró una contratación neta de 116.000 m2 que se concentró en Plaza Zaragoza.
La compañía invertirá 10 millones de euros en el nuevo centro regional de paquetería para la red de Tipsa.
La red de transitarias World Wine Cargo Alliance, promovida por la compañía catalana, alcanzó los 92 socios pertenecientes a 54 países el año pasado.
El combustible mejor posicionado para avanzar en la transición energética hacia la descarbonización del transporte por carretera dobla su precio y merma la rentabilidad de los operadores que lo emplean.
La Asociación de Puertos Europeos (ESPO) recuperará la modalidad presencial para su decimoctava conferencia anual que analizará los retos a los que se enfrentan los enclaves en los próximos años.
La asociación ACBE, que integra 37 empresas, entre las cuales están sus miembros fundacionales Bergé, Erhardt y MacAndrews (actual CMA CGM), inicia la celebración de su centenario con una recepción institucional en el Ayuntamiento de Bilbao.
La herramienta, que agiliza la operativa terrestre de los tráficos agroalimentarios, suma más de 5,6 millones de toneladas gestionadas en los 15 meses que lleva funcionando.
La compañía, que se ha reforzado con un tercer centro logístico en la provincia de Madrid, prevé que su facturación vinculada con el ‘ecommerce’ supere el 50% sobre el total en el presente año 2022.
Desarrolla un nuevo parque logístico en Cabanillas del Campo (Guadalajara), que contará con 210.000 m2 de naves de gran tamaño sobre una parcela de 310.000 m2.
La naviera danesa se reserva el derecho de la cesión de los transportes en el puerto para ofrecer un producto “todo en uno” a los embarcadores, siguiendo la política llevada a cabo en Algeciras y Barcelona.
El puerto de Bilbao destaca el plan inversor público-privado de 285 millones de euros entre 2020 y 2024 para minimizar el impacto del ‘Brexit’.
Los armadores han encontrado en el ferrocarril, y en la explotación de terminales, un incipiente negocio desde el que tutelar la cadena de suministro
Presidente del Consejo del Transporte y la Logística de CEOE “El sector aporta mucho más de lo que recibe de las Administraciones públicas”
Adolfo Utor
La legislación española que regula la contratación de trabajadores no comunitarios es totalmente inadecuada al transporte marítimo y somete a las empresas navieras a una considerable inseguridad jurídica. Todos sabemos que la solución es volver a la regulación anterior a 2004. Esta debería ser, a mi entender, la primera medida a tomar en la puesta en marcha de la ‘Declaración de Atenas’.
Hace poco más de un mes, la ministra de Fomento pronunció un importante discurso en la capital griega con motivo de la firma de la llamada ‘Declaración de Atenas’ por parte de los ministros europeos de Transporte, un amplio documento programático que actualiza la estrategia de transporte marítimo de la Unión Europea. Todo el sector naviero europeo se ha hecho eco de esta Declaración y la ha valorado muy favorablemente.
De forma muy sintética, mencionaré algunos de los puntos: – Reconocimiento del carácter estratégico del transporte marítimo para la UE. – Reconocimiento de la importancia para la UE de contar con marinos experimentados para conservar y reforzar el know-how marítimo europeo. – Reconocimiento de la importancia clave, dentro de la política de transportes de la UE, del Transporte Marítimo de Corta Distancia y de las autopistas del mar y necesidad de apoyo a su desarrollo, incluyendo el uso del instrumento financiero Connecting Europe. – Importancia de simplificar los trámites burocráticos sobre el transporte marítimo, en particular, haciendo uso de herramientas digitales y telemáticas.
Y, por último, pero desde luego, no menos importante: – Garantizar la competitividad de las flotas de los Estados miembros de la UE, proporcionar seguridad jurídica para las inversiones y estimular el establecimiento de actividades marítimas en los Estados miembros de la UE, en un contexto de servicios marítimos liberalizados internacionalmente. En España, dentro de este terreno, tenemos sin duda una asignatura pendiente. La legislación que regula la contratación de trabajadores no comunitarios es totalmente inadecuada al transporte marítimo y somete a las empresas navieras a una considerable inseguridad jurídica. Todos sabemos que la solución es volver a la regulación anterior a 2004. Esta debería ser, a mi entender, la primera medida a tomar en la puesta en marcha de la ‘Declaración de Atenas’.
Pero eso no es todo. Como consecuencia de la puesta en marcha el pasado año en España del Convenio Laboral Marítimo de la OIT, en colaboración con la Administración, hemos detectado varios aspectos más en los que la normativa laboral española no se adecúa a las prácticas generalizadas en el mercado internacional. Se trata de aspectos como la regulación de las agencias de colocación de marinos, los certificados médicos, algunos aspectos de la regulación sobre prevención de riesgos laborales, etc.
Desde nuestro punto de vista, si queremos de verdad potenciar la competitividad del registro español, el enfoque no debería ser cómo se adapta el sector naviero a las normas laborales pensadas para tierra, sino cómo adaptamos el marco regulador nacional a la realidad internacional del sector. En suma, los armadores españoles aplaudimos la Declaración y pensamos que sus objetivos son plenamente adecuados para relanzar en España la inversión y el empleo en la marina mercante. Pero a la vez urgimos a que esos objetivos e intenciones se traduzcan cuanto antes en actuaciones y resultados concretos, porque si no, carecerán de utilidad práctica.
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